El pase a planta de 4.200 estatales: ¿un derecho o una jugada electoral?

El bloque Vamos con Todos votó a favor de la ley que otorga la estabilidad a unos 4.200 trabajadores contratados de la provincia, pero no ahorró críticas hacia el gobernador Weretilneck. Lo consideran un derecho postergado, pero denuncian que llega en un momento sospechosamente electoral.

La iniciativa, que convierte en permanentes a empleados que durante años trabajaron en condiciones precarias, fue defendida por la legisladora Magdalena Odarda, quien afirmó: “El derecho a la estabilidad del empleo público es un derecho consagrado en la Constitución Nacional; no es un regalo ni un obsequio para los trabajadores y trabajadoras, sino el ejercicio liso y llano de un derecho constitucional”.

¿Por qué recién ahora?

Sin embargo, el bloque fue contundente al señalar que esta medida llega con tres años de demora. Según denunciaron, el gobernador Alberto Weretilneck había congelado una iniciativa similar y la “desempolvó” a pocos días de las elecciones, lo que calificaron como “un claro gesto de electoralismo y demagogia”.

“La estabilidad laboral no puede ser utilizada como una herramienta de campaña ni como moneda de especulación política”, advirtieron, subrayando que los derechos de los trabajadores no deberían depender del calendario electoral.

El reclamo por condiciones dignas

Pero más allá del pase a planta, el bloque insistió en que la estabilidad debe venir acompañada de mejoras reales en las condiciones de trabajo. Mencionaron oficinas públicas en estado indigno, sedes del IPROSS sostenidas con pallets, escuelas deterioradas e inhabitables, y hospitales sin insumos.

El presidente del bloque, José Luis Berros, sostuvo que “esto tiene que ser un puntapié inicial. No alcanza con el pase a planta: los hospitales, las escuelas y todos los organismos del Estado deben contar con las herramientas necesarias para que los trabajadores puedan brindar un servicio como corresponde”.

Salarios en caída libre

La legisladora Ayelén Spósito aportó datos contundentes: “Desde 2023 la caída del salario real ronda entre el 20 y el 25 por ciento; cada día cuesta más llegar a fin de mes y las familias atraviesan niveles de endeudamiento nunca antes vistos”.

Por eso, reclamó que el pase a planta se complemente con paritarias que le ganen a la inflación y una verdadera política de recuperación salarial.

Las otras deudas pendientes

El proyecto no resuelve otras formas de precarización, como las contrataciones por horas cátedra o mecanismos discrecionales que funcionan como premio o castigo. El legislador Luciano Delgado Sempé, trabajador estatal, alertó: “Hay trabajadores que tienen cerca del 60 por ciento de su salario en negro; eso perjudica sus jubilaciones, sus licencias y las pensiones de sus familias”.

Desde Vamos con Todos también exigieron transparencia en el proceso y rechazaron cualquier tipo de condicionamiento político. Denunciaron que el Gobierno ha perseguido a trabajadores por su participación política, monitoreando redes sociales y aplicando controles excesivos.

Odarda fue más allá y señaló que la falta de estabilidad laboral constituye una “violencia laboral”, por lo que pidió una ley específica que proteja a los trabajadores frente a persecuciones o arbitrariedades.

“Resulta inadmisible que se destinen millones de pesos a mecanismos de control y persecución mientras se niegan recursos para mejorar los salarios y los servicios públicos”, concluyeron.