El paso final para elegir a los nuevos jueces de Control y Garantías en Santiago del Estero
La Justicia de Santiago del Estero está a un paso de renovar sus cuadros: 22 abogados compiten por diez cargos que definirán cómo se controlan las garantías en tu barrio. ¿Quiénes son los que quedaron en la recta final?
22 abogados completaron la última etapa del concurso para ocupar cargos clave en la Justicia provincial. El Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero cerró el proceso de selección que definirá quiénes serán los próximos jueces de Control y Garantías.
La entrevista personal con los consejeros, realizada en la Sala de Presidencia, fue el cuarto y último filtro del Concurso Nº 132/2026. De los 22 profesionales que llegaron a esta instancia, saldrán los nombres que ocuparán diez cargos distribuidos entre Capital, La Banda y uno de transición para la vecina ciudad.
El presidente del organismo, Federico López Alzogaray, encabezó la jornada. Lo acompañaron los consejeros Pedro Salas, Sara Salido Rentería y Graciela Neirot de Jarma, en representación de los abogados matriculados; Pedro Basbús y Juan Alende More, por el Poder Judicial y el Ministerio Público, y los diputados provinciales Martín Díaz Achával y Analía Corbalán.
¿Qué cargos están en juego?
Según el cronograma oficial, siete de las vacantes corresponden a la Jurisdicción Capital, dos a La Banda y una más para un juez de Transición en la vecina ciudad. La elección no es menor: quienes resulten designados tendrán a cargo el control de las garantías procesales y la supervisión de las causas penales en sus jurisdicciones.
El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de supervisar el desempeño de jueces y fiscales, convocar a concursos para cubrir vacantes en el Poder Judicial y elevar ternas al Poder Ejecutivo para el nombramiento de magistrados. También tiene la facultad de decidir la apertura de procedimientos de remoción de jueces, fiscales y defensores.
Con esta etapa cumplida, el organismo avanza hacia la definición de las ternas que serán enviadas al Ejecutivo provincial, un paso que determinará el futuro de la administración de justicia en la región.
