El paso que evalúa CODECUC en la causa contra EJESA por los $6.600 millones
Alejandro Mur, titular de CODECUC, reveló que la entidad podría dar un paso clave en la denuncia contra EJESA. Mientras tanto, apuntó contra un cargo que aumentó un 6.900% y un combustible que la empresa habría pagado sin existir. Lo que se viene...
La denuncia penal que sacude a EJESA podría sumar un nuevo actor. La asociación de consumidores CODECUC analiza presentarse como querellante en el expediente que investiga una presunta evasión millonaria de impuestos nacionales.
Alejandro Mur, titular de la entidad, confirmó que están evaluando intervenir formalmente en la causa que tramita ante la Justicia Federal de Jujuy. La presentación original fue impulsada por un grupo de ciudadanos y apunta a una evasión agravada de IVA y a la apropiación indebida de tributos a los combustibles por un monto que supera los $6.650 millones.
¿Por qué CODECUC quiere ser parte?
Para Mur, la maniobra denunciada golpea de lleno a todos los usuarios de la provincia. "Estamos evaluando constituirnos como querellantes porque están en juego los derechos de la ciudadanía y existe un perjuicio directo sobre los usuarios", explicó. Y fue más duro: "La maniobra denunciada coloca a los clientes, de manera forzosa, en la situación de ser evasores de un tributo nacional".
Los dos ejes de la denuncia
El abogado puso el foco en dos puntos centrales del supuesto ardid contable. El primero es la omisión en la aplicación y declaración del IVA sobre el cargo FOPEG desde mayo de 2024, un concepto que financia el Sistema Aislado Provincial (SAP). Según Mur, ese cargo "ha tenido un aumento aproximado del 6.900% desde 2018 hasta hoy", y lo cuestionó porque "se calcula sobre coeficientes poco claros y la información real sobre los costos del sistema nunca está disponible".
El segundo eje es aún más grave para el titular de CODECUC: la presunta apropiación de tributos nacionales sobre un insumo que nunca se habría usado. "La tarifa se compone calculando el valor teórico de un volumen de gasoil que la empresa dice comprar, pero que en la realidad de los hechos no se habría consumido ni adquirido", detalló. Así, se recaudaría dinero por los impuestos ITC e ICO2 sobre un combustible inexistente.
Acciones colectivas y funcionarios en la mira
Si la Justicia confirma las irregularidades, Mur advirtió que podrían llegar reclamos masivos. "Si se comprueba que se trasladaron costos por combustible que nunca existió, se abre la puerta para impulsar una acción colectiva de repetición o reintegro, sumado a los reclamos por daño punitivo", sostuvo.
Además, dejó entrever que la investigación podría alcanzar a funcionarios públicos. "Si de la investigación penal resulta que hubo funcionarios que avalaron mediante resoluciones esta operatoria o intencionalmente omitieron fiscalizar permitiendo la evasión, podrían quedar involucrados en delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento", sentenció. "La conducta ilícita se puede favorecer tanto por acción como por omisión", cerró.