La ley de seguridad que Pullaro pidió para Rosario ya tiene media sanción, pero una de las herramientas clave quedó para después: la que permite actuar con más poder en las zonas más calientes. El radical que negoció el acuerdo contó qué se votó, qué falta y por qué la demora complicó al oficialismo.
La reforma de seguridad que Diputados aprobó este jueves por 37 votos a favor y 11 en contra dejó dos temas pendientes: las zonas de intervención policial especial y el interrogatorio en sede policial. Martín Rosúa, presidente de la comisión de Seguridad Pública y uno de los negociadores del radicalismo, confirmó a Rosario3 que Unidos se comprometió a tratar las zonas especiales en una ley aparte.
El texto que ahora pasa al Senado incluye otras diez herramientas que el Ejecutivo consideraba urgentes. Rosúa las defendió y explicó por qué la discusión se estiró casi seis meses.
«Totalmente conformes»: el balance de Rosúa
—¿Están conformes con lo que salió o sienten que resignaron demasiado?
—Totalmente conformes. Es un paso muy importante para consolidar la política de seguridad del gobierno de Pullaro. Este gobierno logró recuperar gran parte de la tranquilidad que habíamos perdido los santafesinos, particularmente los rosarinos. Nuestra responsabilidad era darle las herramientas que pedía para sostener esos resultados y enfrentar nuevas formas del delito. Nos pidió 11 herramientas, le devolvimos 10 y quedó una para debatir en una ley posterior. Me parece un resultado totalmente satisfactorio.
Zonas de intervención especial: ley aparte
—Esa herramienta que quedó para más adelante es la de las zonas de intervención policial especial. ¿Por qué decidieron separarla de la reforma?
—La propuesta del Ejecutivo apuntaba a que, cuando hay violencia altamente concentrada en una zona puntual de la ciudad, la Policía pueda tener facultades ampliadas en ese lugar. Decidimos dejarlo para una ley posterior porque queremos que haya una actuación policial focalizada, pero articulada con otros sectores del Estado. Eso requería más debate que las herramientas que eran urgentes.
—¿Sería una ley específica? ¿Cuándo empezarían a trabajarla?
—Sí, nos comprometimos dentro de Unidos a trabajar una ley específica sobre este tema. Vamos a arrancar ahora y vamos a ver cuánto tiempo de debate nos lleva. El punto de partida va a ser lo que ya mandó el Ejecutivo.
—¿El Ejecutivo tendría que mandar otro proyecto?
—Podemos trabajarlo también desde la Legislatura.
Los cambios que se incorporaron
—¿Compartís que el proyecto necesitaba cambios o fueron una concesión para conseguir los votos y preservar la unidad de la coalición?
—La ley es muy parecida a la que mandó el Ejecutivo. Las herramientas conservaron su naturaleza y su potencia. En el tratamiento legislativo se agregaron plazos, condiciones objetivas y mecanismos de control, como ya había pasado en 2024 con la emergencia en seguridad, la ley de inteligencia, la de microtráfico y la reforma del Código Procesal Penal. Por ejemplo, en los allanamientos urgentes por armas o explosivos se agregó el control judicial posterior. Para el juicio en ausencia se incorporó la exigencia de probar que la persona prófuga sabía que había un proceso en su contra. En inteligencia, el proyecto ya venía con controles judiciales y se precisó qué actividades preventivas puede hacer el Ejecutivo y cuáles corresponden a la Justicia a partir de un delito.
Presos de alto perfil: la prioridad que quedó
—¿Qué pasó con la herramienta que el gobernador consideraba prioritaria, la de los presos de alto perfil?
—El principal pedido era el aislamiento estricto y la interrupción de las comunicaciones de los presos de alto perfil que mandan a cometer delitos. Fue uno de los temas más discutidos con abogados y especialistas. Los estándares dicen que no tiene que haber castigos para los presos. Ahora, si detectamos que jefes de bandas criminales están mandando a matar desde las cárceles, tenemos que aislarlos e interrumpirles la comunicación. Esa herramienta quedó.
—Si tuvieras que resumir las herramientas más importantes que quedaron en el proyecto con media sanción, ¿cuáles son?
—En el caso de los presos de alto perfil, impedir que los jefes criminales sigan organizando homicidios y extorsiones desde la cárcel. La prisión no puede seguir funcionando como una oficina del delito. En inteligencia preventiva y digital, usar información y tecnología para anticipar delitos, con controles judiciales sobre las medidas que afecten la privacidad. En cuanto a los allanamientos urgentes sin orden judicial previa, se podrá actuar en situaciones excepcionales, como cuando hay sospechas fundadas de acopio de armas y la demora puede hacer desaparecer la evidencia. La medida queda sujeta a control judicial posterior. El juicio en ausencia o rebeldía es para evitar que una fuga paralice indefinidamente una causa, con intervención de un defensor, requisitos de notificación y posibilidad de revisión. Son herramientas para resolver problemas concretos, no una discusión abstracta sobre mano dura o garantismo.
La interna en Unidos y el costo de la demora
—¿Se habría conseguido una mayoría tan amplia si el Ejecutivo se plantara en que la ley saliera sin cambios?
—Seguramente no. Terminamos con 37 votos a favor sobre 50, que es una mayoría muy importante. En el debate se entendió qué problema buscaba resolver cada herramienta y que el gobierno estaba dispuesto a incorporar controles donde hiciera falta. Escuchamos a la Corte, a la Defensa y a los colegios de abogados. El Ministerio de Seguridad y su equipo participaron del proceso. Todas las modificaciones se coordinaron con ellos.
—El socialismo planteó que algunos puntos del proyecto original chocaban con la Constitución de 2025. ¿Vos veías esa colisión?
—La Constitución incorporó el derecho a la seguridad. El Estado tiene que evitar abusos y también garantizar la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Para eso necesita herramientas para enfrentar el delito. Los artículos iban en ese sentido y, donde hubo que agregar controles o reforzar garantías, se hizo en coordinación con el Ministerio de Seguridad.
—¿Por qué escaló tanto la tensión dentro de Unidos si ya habían tenido diferencias en otras discusiones?
—Por el tiempo que transcurrió y por lo que estábamos discutiendo. Pullaro asumió con una situación crítica en seguridad y consiguió bajar los niveles de violencia rápido, con equilibrio y con la ley en la mano. Ese mismo gobernador nos dijo que el delito seguía, que las bandas se estaban reorganizando y que necesitaba herramientas para evitar un recrudecimiento de la violencia. Si la Legislatura se toma cinco meses y 23 días para resolverlo, es lógico que haya tensiones. Haber tardado tanto fue un error.
—¿Hubo un intento de disputarle al gobernador las decisiones en seguridad o de diferenciarse de él de cara a las elecciones?
—Hubo un acompañamiento que tardó mucho. Las razones de la demora las pueden explicar mejor quienes estuvieron tantos meses sin dar respuesta a un pedido del gobernador. Nosotros estuvimos dispuestos a avanzar lo más rápido posible. Por ahora veo diferencias ideológicas y de debate político. Si alguien intentara diferenciarse electoralmente por la vía de la seguridad, sería sumamente irresponsable y, además, un error estratégico. La seguridad es uno de los pilares de este gobierno.
—¿Cómo se recompone la relación dentro de Unidos después de los cruces públicos?
—Creo que no hay ningún tipo de ruptura. Ya vivimos debates internos muy intensos con la emergencia en seguridad, la ley de inteligencia, la ejecución de la pena, los presos de alto perfil, el microtráfico y las reformas al Código Procesal Penal. Esas discusiones terminaron dando normas mejores. En este caso también creo que el texto que tenemos es mejor que el proyecto original. Las diferencias hay que resolverlas democráticamente y con respeto. Y creo que a veces está bien dar esas discusiones de cara a la gente.
—¿Cómo ves la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza, que Pullaro dejó abierta?
—En lo que a mí respecta, lo veo lejísimo.
