El pedido que expone la parálisis legislativa: sin datos económicos, los proyectos de Educación siguen en el cajón

Mientras el conflicto docente sacude a Tierra del Fuego, la Legislatura aún no consigue responder una pregunta básica: ¿cuánto costarán los planes de financiamiento para Educación y Salud? Un nuevo pedido de informes busca destrabar la información que lleva meses escondida entre los ministerios.

La legisladora María Laura Colazo, del Partido Verde, presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo, a través de los ministerios de Economía y Educación, entregue toda la información técnica, presupuestaria y financiera necesaria para evaluar el impacto real de los asuntos 129/26 y 283/26.

¿Qué hay detrás de los expedientes?

El asunto 129/26, ingresado por el Gobierno el 25 de marzo, propone un Régimen de Financiamiento Integral del Sistema Educativo y de Salud Pública. El 283/26, en tanto, fue impulsado por los bloques Partido Justicialista, Movimiento Popular Fueguino, Partido Verde, Somos Fueguinos y Provincia Grande, que suman nueve de las 15 bancas de la Cámara.

Ambos proyectos llevan meses en comisión, pero todavía no hay datos básicos para entender su viabilidad. Según los fundamentos del pedido, los legisladores ya habían hecho consultas por notas oficiales, pero el Ejecutivo nunca respondió, a pesar de que las iniciativas implican cambios tributarios y reasignación de recursos.

La demora que también es de la Legislatura

La pelota no queda solo del lado del Gobierno. La propia Legislatura no convirtió esas consultas en un requerimiento formal ni avanzó en el análisis económico de las propuestas. El caso del asunto 283/26 es paradigmático: a casi cuatro meses de su presentación, recién ahora se busca saber cuánto recaudarían las fuentes que los propios nueve legisladores firmantes proponen destinar al Fondo de Financiamiento Educativo (FFE).

El pedido de Colazo reclama la recaudación histórica y proyectada de Ingresos Brutos correspondiente a servicios de banca central (641100), banca mayorista (641910), banca de inversión (641920), banca minorista (641930), intermediación de compañías financieras (641941) y otras entidades financieras de crédito (641943).

Además, el proyecto 283/26 propone modificar el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales de la Ley 907, distribuyendo sus recursos en un 60% para Educación y 40% para Salud, y reorientar hacia el financiamiento pedagógico los recursos contemplados en el artículo 44 de la Ley 440.

El costo de la demora

En cuanto al asunto 129/26, ingresado hace cinco meses, se pide determinar cuánto aportarían sus fuentes de financiamiento entre 2026 y 2030, su incidencia sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) y cuánto demandaría llevar progresivamente la inversión conjunta en Educación y Salud del 7,5% al 13% del PBG.

También se solicitan datos sobre salarios docentes y no docentes, la brecha del cargo testigo respecto de la Canasta Básica Total, la planta docente, transporte escolar, alimentación, infraestructura, equipamiento y programas socioeducativos.

Las demoras contrastan con un ciclo lectivo atravesado por el conflicto docente. SUTEF realizó sucesivas medidas de protesta y, tras el receso invernal, declaró un paro por tiempo indeterminado, reclamando entre otros puntos una ley de financiamiento educativo.

Este martes 25, los legisladores tienen previsto recibir nuevamente a la conducción sindical. La reunión encontrará a la Cámara con dos proyectos que llevan meses en comisión, pero sin la información económica elemental para evaluar su viabilidad.

El pedido de Colazo otorga diez días al Ejecutivo para responder, aunque ese plazo comenzará a correr recién si la resolución es aprobada en una sesión de la Legislatura que, por el momento, no tiene fecha cierta.