Un grupo de legisladores mendocinos le pidió a Cornejo que frene los embargos a productores y pymes hasta 2027. La jugada replica lo que Nación ya aplica, pero hay un detalle que ATM deberá resolver.
Los legisladores mendocinos alineados con el diputado nacional Luis Petri presentaron un proyecto para que el gobernador Alfredo Cornejo suspenda juicios, embargos y remates contra productores, pymes y contribuyentes hasta el 31 de mayo de 2027. La movida busca replicar en Mendoza lo que ya anunció el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en la Unión Industrial Argentina (UIA).
La iniciativa nació después de que Caputo comunicara la suspensión de las ejecuciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra las pequeñas y medianas empresas. Con ese antecedente sobre la mesa, el sector del petrismo en la Legislatura provincial reclamó que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) aplique una medida equivalente.
"Al que produce hay que ayudarlo a pagar, no perseguirlo", argumentó Petri al fundamentar la propuesta. El dirigente subrayó que la idea es que las obligaciones tributarias no se transformen en un freno para que las actividades productivas sigan funcionando.
Qué incluye la iniciativa para frenar los embargos
El texto establece que ATM suspenda hasta el 31 de mayo de 2027 el arranque de nuevos juicios de apremio y la solicitud de embargos e inhibiciones por deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos.
También prevé paralizar los remates en los procesos judiciales que ya están en curso. Mientras rija la medida, los organismos recaudadores no podrían pedir subastas ni transferencias de los fondos embargados.
El objetivo declarado es dar un respiro financiero a empresas, productores y contribuyentes que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales, evitando que las medidas judiciales pongan en riesgo la continuidad de sus actividades.
Plan de pagos y deudas judicializadas
Junto con la suspensión de las ejecuciones, el proyecto contempla un plan de regularización de deudas de al menos 18 cuotas para obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026. El esquema incluiría una tasa de financiación más baja y una reducción de intereses, y alcanzaría también a las deudas que hoy están judicializadas. Quienes ya tengan vigente un plan de pagos más conveniente podrán conservarlo.
Uno de los puntos centrales fija que, una vez formalizado el plan y abonada la primera cuota, ATM deberá pedirle al juez, dentro de los cinco días hábiles, el levantamiento del embargo o su reemplazo por otra garantía. Así, los contribuyentes podrían ordenar su situación fiscal sin quedar atados a medidas que afecten sus recursos y su capacidad de producción.
La crítica de Petri a ATM
Al explicar los fundamentos, Petri insistió en la necesidad de coordinar las políticas de alivio fiscal entre Nación y la provincia. "Lo que Nación deja de embargar no puede ser retenido inmediatamente por ATM", expresó el diputado nacional.
El legislador aclaró que el proyecto no propone perdonar las obligaciones tributarias ni borrar las deudas existentes, sino generar condiciones para que los contribuyentes puedan cumplir sin poner en riesgo sus negocios y emprendimientos. En esa línea, la propuesta sostiene que el Estado debe ofrecer mecanismos de regularización que permitan recuperar los recursos adeudados sin asfixiar al sector productivo.
Irrigación y municipios, invitados a sumarse
La iniciativa no se limita a los tributos provinciales. También invita al Departamento General de Irrigación y a los municipios mendocinos a adherir al esquema de suspensión de ejecuciones y facilidades de pago para las deudas del canon de riego y las tasas municipales.
Los autores señalaron que distintas cámaras empresarias ya habían planteado ante el Ejecutivo provincial la necesidad de medidas de este tipo para aliviar a los sectores productivos. El proyecto fue presentado por Ismael Jadur y lleva las firmas de Griselda Petri, Gustavo Cairo, Alberto López, Jorge Zingaretti, Raúl Villach y Carlos Ponce.
Ahora la pelota queda del lado del Gobierno de Cornejo, que deberá evaluar si adopta un esquema similar al anunciado por Nación para darle más margen financiero a las pymes, los productores y los contribuyentes mendocinos.
