El penal de Almafuerte, el centro de operaciones de una red de estafas que ya tiene seis condenados

Una investigación judicial destapó una organización que utilizaba celulares dentro de las cárceles de Mendoza para estafar a decenas de personas. La banda, que operaba desde distintos penales, contaba con el apoyo de familiares y 'mulas digitales' que actuaban desde el exterior. El caso ya tiene seis condenados, pero la Justicia advierte que podrían caer hasta 12 personas más.

Según informó el Diario San Rafael, los delincuentes tenían conexiones entre internos alojados en el norte provincial y San Rafael. El nexo en el sur mendocino era Carlos Ávila, un hombre condenado a prisión perpetua por los asesinatos de Miguel Ángel Scalia y Liliana Balmaceda en 2017. Ávila, alojado en el penal de Almafuerte, coordinaba las acciones con los principales líderes de la organización.

¿Cómo operaba la red de estafas?

Los investigadores determinaron que algunos miembros se encargaban de recibir el dinero obtenido mediante los engaños, mientras que otros actuaban como 'mulas digitales'. Estos últimos seguían instrucciones para contactar a las víctimas, concretar las estafas y transferir los fondos.

Entre las modalidades detectadas, los delincuentes se hacían pasar por funcionarios públicos. Incluso llegaron a suplantar la identidad de la fiscal Andrea Rossi, según fuentes de la investigación citadas por el medio sanrafaelino.

La pesquisa también destapó un caso de sextorsión contra un joven de Bariloche. Los estafadores le exigían dinero a cambio de no difundir fotografías íntimas. El hecho pudo ser acreditado gracias a los celulares secuestrados durante el operativo.

¿Quiénes son los condenados?

La causa ya tiene seis condenados: además de Ávila, hay otro sanrafaelino, dos malargüinos y dos internos de la Ciudad de Mendoza. A ellos podría sumarse un séptimo acusado, para quien se acordó una pena de seis años de prisión y declaración de reincidencia, aunque el juicio abreviado todavía debe ser ratificado.

La investigación, impulsada por la Fiscalía a cargo de Javier Giaroli, ya concluyó su etapa de instrucción. Según precisaron fuentes judiciales al Diario San Rafael, el resto de los acusados será sometido a juicios convencionales y podrían producirse hasta 12 nuevas condenas.

Familiares y drogas en la causa

La causa también involucra a varias mujeres, familiares de los presos y residentes en Las Heras y Lavalle, acusadas de colaborar con el esquema de defraudaciones. Algunas de ellas quedaron vinculadas con el ingreso de estupefacientes a los establecimientos penitenciarios, incluso mediante el ocultamiento de drogas en sus partes íntimas.