El penalista que sacude el juicio por la muerte de Rocío: “Estos no son casos criminalizables”

El abogado Eduardo Paredes, del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, puso en tela de juicio el proceso contra Mariela Ramírez, la madre acusada por la muerte de su hija con discapacidad. Para el especialista, el caso no debió llegar nunca a un tribunal.

Ramírez, empleada municipal de 48 años, enfrenta un juicio por abandono de persona agravado por el vínculo y por el resultado de muerte. Su hija, Rocío Belén López, falleció en julio de 2013 en Posadas, a los 15 años, con un cuadro de desnutrición, deshidratación y escaras producto de una inmovilidad prolongada.

Paredes, en diálogo con Misiones Online, fue contundente: “Una madre puede tener muchas deficiencias para atender, pero siempre son las madres, aunque le ayude la familia. Estos no son casos criminalizables, no son casos que debieron llevar a un juicio, nunca”.

¿Qué hay detrás de la muerte de Rocío?

La adolescente padecía síndrome de Rett y una discapacidad motriz. Según la causa, vivía con su abuela y una tía, pero quedó al cuidado de su madre cuando ambas viajaron a Corrientes por problemas de salud. La autopsia reveló las consecuencias de una atención deficiente.

Durante el debate, el fiscal Vladimir Glinka solicitó ampliar la acusación a homicidio agravado por el vínculo en modalidad omisiva, un planteo que el Tribunal Penal 1 de Posadas deberá resolver.

Paredes, que admitió no conocer “con detalles finos” el expediente, insistió en que el foco debe estar en la vulnerabilidad y en la responsabilidad estatal. “La discapacidad es tremendamente exigente para cualquier madre si no tiene un soporte que el Estado le tiene que ayudar a sostener”, afirmó.

El rol del Estado en la mira

El especialista remarcó que cuidar a una persona con discapacidad severa requiere conocimientos, equipamiento y asistencia profesional que muchas familias no pueden costear. “Solo alimentar a un niño con discapacidad es tremendamente problemático”, dijo.

Paredes recordó que existe una ley nacional de discapacidad que garantiza prestaciones, pero cuestionó el acceso real: “Hay una ley nacional de discapacidad que establece que las obras sociales, las prestadoras, tienen la misma cobertura”, expresó, aunque advirtió que no todas las familias acceden a esos servicios.

Ramírez, por su parte, declaró que trabajaba como cajera en la Municipalidad de Posadas y que además hacía limpieza y planchado para mantener a sus hijas. También dijo que pidió ayuda a organismos estatales. “Este caso, ¿de quién se trata? De una mujer vulnerable”, planteó Paredes.

Críticas a la criminalización de las madres

El abogado fue tajante al señalar que siempre son las mujeres las que terminan en el banquillo. “Si tuvieran que criminalizar a todos los niños que mueren e integran la tasa de mortalidad infantil, la mayoría de las madres vulnerables estarían criminalizadas”, sostuvo.

Para Paredes, el caso de Ramírez no debería analizarse solo desde la conducta materna, sino desde las redes familiares, sanitarias y estatales que debieron intervenir. “Son chicos que se generan escaras porque tienen que tener unos colchones especiales”, explicó, y agregó que la alimentación e hidratación requieren un seguimiento muy cuidadoso.

El debate está en su etapa final, y será el Tribunal Penal 1 el que determine si existió responsabilidad penal. Pero Paredes ya dejó su postura: “Creo que es un tema que no debió judicializarse”.