El peritaje de los audios de Andis no pudo confirmar la voz de Spagnuolo y la fiscalía apunta a una prueba clave que faltó

El peritaje de Gendarmería sobre los audios que sacuden el caso Andis dejó más preguntas que certezas. Según el informe, no se pudo establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo, el extitular del organismo investigado por un supuesto esquema de corrupción. El dato contrasta con lo que el Gobierno había anticipado casi dos semanas antes de la firma: que los archivos no eran “auténticos”.

Los documentos judiciales a los que accedió LA NACION también revelan una interna entre los especialistas que participaron del análisis. La pericia lleva la rúbrica de tres funcionarios de la División Acústica Forense de Gendarmería y de otros nueve peritos de parte. Cinco de ellos, representantes de la fiscalía y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), firmaron en disidencia “en virtud de la negativa a incorporar” sus observaciones en las conclusiones finales.

Qué dice el punto 6B y por qué complica la versión oficial

El texto es explícito: “No fue posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo”. La pericia recibió 58 archivos de sonido, de los cuales apenas 14 fueron considerados “aptos” por superar los ocho segundos de duración, entre otros requisitos técnicos.

Sobre el material, el informe habla de “características acústicas compatibles con un proceso de regrabación”, menciona “posibles operaciones de edición” y detecta “discontinuidades abruptas en la forma de onda, compatibles con posibles puntos de corte”. Es decir, indicios de una eventual manipulación. Sin embargo, el mismo documento aclara en el punto 4E que “no es posible determinar el tipo ni metodología técnica de edición eventualmente empleada”.

El último apartado insiste con el potencial: usa las palabras “indicios técnicos” y “posible”, y argumenta que el análisis tuvo limitaciones tecnológicas y contextuales. El punto 11G lo desarrolla: la falta de información independiente sobre el origen de las grabaciones, los dispositivos y condiciones de captación, los procesos posteriores y la disponibilidad de los archivos fuente originales, sumada a las limitaciones de las herramientas forenses disponibles, “restringe la posibilidad de establecer las causas de las características acústicas detectadas y reconstruir los eventuales procesos a los que pudieron haber sido sometidos los archivos examinados”.

Inteligencia artificial y deepfakes: lo que la pericia no pudo responder

El informe tampoco pudo determinar si se usó inteligencia artificial para crear voces sintéticas. “No se dispone en esta división de herramientas forense ni de una metodología técnico-científica validada para su aplicación”, sostiene, y por eso “no fue posible emitir una conclusión técnica” al respecto.

Sobre los rasgos de voz humanos, la pericia habla de “eventos compatibles con respiraciones del interlocutor”, pero otra vez evita una definición: la División Acústica Forense “no posee herramienta con estándar forense para la detección deepfake”.

La disidencia de la fiscalía: faltó la muestra de voz

Los peritos de la Datip cuestionaron con dureza esas limitaciones. Uno de los principales reparos apunta a la falta de una muestra de voz aportada por Spagnuolo para cotejarla con los audios. El perito Roberto Leonardo lo planteó así: “Al finalizar la reunión del 2 de septiembre de 2026 se determinó que el archivo identificado como ‘que tiene lule menem con Karina.mp4′ ‘reunía las condiciones previstas en el Protocolo para ser considerado APTO’, y se gestionó en consecuencia ‘la convocatoria de la persona de referencia para la obtención de muestras indubitadas de su voz’. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2026, sobre el mismo archivo, los peritos oficiales concluyeron que el cotejo no resultaba técnicamente procedente a pesar de mantener la condición de aptitud”.

Ese archivo, consignó el informe, dura tres minutos y once segundos, aunque de “audio limpio” tiene dos minutos y un segundo. La pericia no incluyó transcripción de su contenido.

La Datip también criticó que se haya hecho un solo tipo de análisis. El anexo en disidencia enumera tres posibles: automático, semiautomático y perceptual. “En ese marco, si el software Forensia v2.0 no resulta apto para efectuar el análisis automático debido a las limitaciones explicitadas durante el desarrollo, entendemos que este hecho no justifica, por sí mismo, la cancelación de la comparación, ya que sería posible realizar los otros dos tipos de análisis previstos: el perceptual y el semiautomático”, escribieron.

Los ingenieros José Pollola Barón y Nicolás Sanguineti, peritos de parte de la fiscalía, sostuvieron que en los audios hay “características compatibles con el habla humana espontánea, como variaciones de entonación, pausas, cambios en la velocidad de articulación, repeticiones, chasquidos”, lo que apunta a refutar la hipótesis de voces sintéticas. Bruno Moglia, del Laboratorio de Multimedia Forense de la Datip, remarcó que la pericia identificó “características compatibles con posibles operaciones de edición, pero no expone una evaluación del contenido de los fragmentos continuos”.

Dos estrategias frente al mismo peritaje

El impacto del informe divide a las partes. Para las defensas, instalar que son “audios truchos” es parte de una estrategia para derribar la investigación. Lo ejemplificó la droguería Suizo Argentina: cuando uno de sus dueños, Jonathan Kovalivker, se presentó en Comodoro Py para su indagatoria, solicitó la nulidad de allanamientos y requisas de celulares “por haberse originado a partir de audios de origen ilícito, clandestino y con presuntos indicios de manipulación o edición”.

Para la fiscalía a cargo de Franco Picardi, en cambio, los audios no son el eje: la causa tiene incorporados informes del propio Gobierno que dan cuenta de presuntos sobreprecios en las licitaciones de Andis.

Los informes que sostienen la causa

El 15 de octubre de 2025, Esteban Rafael Giler, entonces director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de Andis, le remitió al interventor Alejandro Vilches un informe con “diferencias notorias entre los valores de referencia y los precios efectivamente pagados”. Al comparar con compras del PAMI, habló de “desvíos notables”.

El documento arranca con un pago a Farma Salud del 8 de julio de 2025: $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (...), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000”, contrasta.

Vilches firmó luego un documento fechado el 30 de diciembre de 2025: “Se emprendió un proceso de revisión integral de expedientes de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS) que permitió identificar irregularidades de gravedad en las contrataciones y en la gestión de gastos vinculados a insumos médicos, equipamientos y dispositivos de alta complejidad”.

En abril de 2026, una asesora médica del Ministerio de Salud sumó otro informe sobre compras de la Andis y calificó los precios de “técnicamente indefendibles” al compararlos con valores de mercado.

La causa transita la etapa de declaraciones indagatorias durante todo noviembre. Después, el juez Ariel Lijo deberá definir la situación procesal de los indagados.