El perito que eligió Cristina Kirchner quedó en la mira por un vínculo con Lázaro Báez
Los fiscales Luciani y Mola quieren sacar de la causa al tasador que designó Cristina Kirchner. Una escucha telefónica en otra investigación encendió las alarmas: qué encontraron en el entorno de Lázaro Báez.
Los fiscales del juicio por la obra pública, Diego Luciani y Sergio Mola, reclamaron que se aparte a uno de los tasadores que designó Cristina Kirchner para intervenir en la ejecución del decomiso de bienes. El motivo: sospechan que el profesional tiene lazos comerciales con Lázaro Báez, el empresario condenado en la misma causa.
El hombre en cuestión es Sergio Felipe Pejkovic, dueño de una inmobiliaria en Río Gallegos. Su nombre apareció en una escucha telefónica de otra investigación, la que intenta establecer si Báez sigue manejando y explotando su patrimonio desde la cárcel. Según lo reunido en ese expediente, Pejkovic habría administrado propiedades del empresario y mantiene contacto con uno de sus hombres de confianza.
Qué le pidieron al Tribunal Oral Federal 2
Luciani y Mola presentaron un escrito ante el Tribunal Oral Federal 2, que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia de Vialidad y el decomiso. Allí solicitaron que el perito declare qué tipo de relación tiene con Báez, con su familia, con sus empresas y con su entorno. Mientras tanto, pidieron que quede fuera de las inspecciones y tasaciones de los bienes vinculados al empresario.
“La cuestión aquí no radica en que Pejkovic sostenga la posición de la condenada que lo designó, sino en que presentaría un interés propio y vínculos con un tercero —el condenado Báez— cuyos bienes son precisamente los que deberá tasar”, argumentaron los fiscales.
Y agregaron: “No puede omitirse considerar, que Báez es obligado solidario al pago del decomiso (junto a la Sra. Fernández) y cualquier desvío en la valuación de sus bienes, incidirá directamente en el monto que se tendrá por satisfecho”.
De dónde surgió el nexo con Báez
La conexión se detectó en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate. A partir de un intercambio de información entre ambas fiscalías, Luciani y Mola advirtieron los vínculos del tasador con el círculo del empresario.
Ya en una presentación del 10 de noviembre, los fiscales habían señalado la existencia de un “posible conflicto de intereses” que podía afectar la objetividad del perito. El argumento es que el valor que se asigne a las propiedades incidirá de manera directa en el alcance de la ejecución del decomiso que deben afrontar Báez y la expresidenta.
Junto con el apartamiento, los fiscales reclamaron que el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema informe sobre el grado de avance de las tasaciones, ordenadas hace un año por el tribunal. De su conclusión depende la ejecución del decomiso, cuyo monto actualizado ronda los $685.000 millones.