El colegio sabía lo que pasaba entre sus alumnos desde junio. Cuando el Ministerio fue a buscar las constancias de lo que hizo después, no encontró nada: ahora la institución deberá devolver cada peso del aporte estatal por seis meses.
El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca decidió cortar por completo el aporte estatal que recibía el nivel secundario del Colegio Privado Pía Didoménico. La medida rige por seis meses a partir del 2 de noviembre y llegó después de un sumario administrativo que comprobó fallas institucionales en el tratamiento de casos de conflictividad y hostigamiento entre alumnos.
La sanción quedó asentada en la Disposición N.º 1027/2026 de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa. Para llegar a esa conclusión se revisaron antecedentes documentales, los descargos presentados por el establecimiento y los informes de las áreas que intervinieron en la investigación.
Qué encontró el sumario
La Comisión Instructora Sumarial determinó que el colegio sabía de las situaciones investigadas desde los primeros días de junio de 2026. Lo que no apareció en el expediente fue constancia alguna de que esas situaciones hayan sido comunicadas en tiempo y forma a las autoridades educativas, derivadas a la Dirección Provincial de Mediación Escolar o articuladas con los organismos de protección de derechos.
Tampoco se pudo acreditar la aplicación completa de los protocolos vigentes ni un abordaje interdisciplinario sostenido en el tiempo, con registros de seguimiento y evaluación. A eso se sumaron deficiencias en la documentación y en la autorización de las decisiones vinculadas a la escolarización no presencial de estudiantes.
Un plan de mejora con plazos y responsables
Además de perder el aporte, la entidad propietaria del colegio deberá entregar un Plan de Mejora de la Gestión Escolar en los 15 días posteriores a la notificación. El documento tendrá que fijar acciones concretas para corregir las deficiencias detectadas, con responsables, plazos, metas y mecanismos de evaluación.
El plan debe apuntar a fortalecer los procedimientos de prevención, intervención y comunicación frente a situaciones de violencia y hostigamiento, mejorar la convivencia escolar, involucrar a las familias y crear espacios seguros de escucha para los estudiantes.
Su implementación será obligatoria una vez que lo apruebe la Secretaría de Gestión Educativa. Un equipo interdisciplinario del Ministerio acompañará y supervisará la ejecución, y el colegio deberá demostrar los avances con documentación, registros e informes.
La puerta abierta para recuperar los fondos
La disposición contempla la posibilidad de restablecer el aporte de manera parcial y progresiva antes de que se cumplan los seis meses, siempre que las evaluaciones técnicas acrediten avances efectivos en el plan y la Secretaría de Gestión Educativa lo autorice. La sola presentación del plan no habilita la restitución del dinero.
Mientras dure la sanción, el colegio y su entidad propietaria deberán garantizar la continuidad de las clases, la regularidad del ciclo lectivo, la protección integral de los estudiantes y el acompañamiento de sus trayectorias educativas.
El Ministerio de Educación y Trabajo seguirá supervisando el establecimiento para verificar que haya cambios concretos en sus prácticas de gestión, convivencia y cuidado de los estudiantes.
