El piso 25 de un banco en Alem, una oficina que no estaba declarada y una causa que sigue viva

Una oficina de banca privada en el piso 25 de un edificio de Alem 855 que no estaba declarada al Banco Central. Así empezó una causa por lavado que ya lleva más de dos décadas y que ahora sumó un capítulo decisivo.

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El piso 25 de un banco en Alem, una oficina que no estaba declarada y una causa que sigue viva
El piso 25 de un banco en Alem, una oficina que no estaba declarada y una causa que sigue viva

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes cerrar por prescripción una de las causas por lavado de dinero más importantes del sistema financiero argentino, en la que está involucrado el BNP Paribas. La Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, también confirmó la actualización de los embargos sobre los ejecutivos acusados, que ahora suman un total de $303.000 millones.

La causa, que ya lleva más de 25 años de trámite, está elevada a juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal 6, donde 14 imputados esperan ser juzgados. El expediente investiga presuntas maniobras de asociación ilícita y lavado de activos agravado.

Los montos actualizados

Según la resolución de la Sala IV, los embargos quedaron fijados en aproximadamente $31.233 millones para Philippe Yves Henri Joannier y Christian Armand Augustin Abeillon; $24.987 millones para Christian Marie François Giraudon y Michel Michael Basciano; y $18.740 millones para el grupo integrado, entre otros, por Osvaldo Rodríguez, Elba Guibernau, Daniel Omar Mónaco, Fernando Gabriel Celaya y Luis Pablo Cremona.

El tribunal consideró que la actualización responde a la depreciación monetaria desde noviembre de 2019, cuando se fijaron los montos originales, y aclaró que no implica modificar los criterios de cálculo establecidos entonces.

Los argumentos de las defensas

Los abogados de los acusados habían planteado que el tribunal oral no podía tocar montos que ya habían quedado firmes, que la actualización convertía el embargo en una “pena anticipada” y que se violaba la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. La defensa de Rodríguez, Guibernau y Mónaco invocó además la edad y la salud de sus clientes, y recordó que pasaron diecinueve años desde el allanamiento que dio origen a la causa. También afirmó que 21 de los 23 hechos imputados ya habían sido archivados o desestimados en otros juzgados.

La Casación rechazó todos esos planteos, incluidos los relativos a la cosa juzgada, la proporcionalidad de las medidas cautelares y la presunción de inocencia.

El voto de Borinsky y el antecedente Vialidad

El juez Mariano Borinsky, en el primer voto, distinguió entre modificar el método de cálculo y actualizar un monto ya fijado. Citó como antecedente la actualización por índice de precios al consumidor del decomiso en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, que la Corte Suprema dejó firme en julio pasado.

Respecto del plazo razonable, Borinsky sostuvo que las defensas cuentan el tiempo desde 2009, cuando en realidad los embargos se dictaron recién en 2016 junto con los procesamientos. También señaló que omiten la complejidad del caso, sus 14 imputados y que el expediente ya está en etapa de juicio.

El juez Gustavo Hornos, por su parte, afirmó que “no se ha alterado el método; se ha preservado el valor”. Con la inflación, agregó, negar la actualización implicaría consentir la licuación de la garantía judicial por el mero paso del tiempo.

El fiscal ante Casación, Raúl Pleé, había pedido además que se le encomiende al tribunal oral la pronta realización del juicio, que todavía no tiene fecha.

Cómo nació la causa

El caso se originó en 2008, cuando los investigadores rastreaban fondos de un fraude contra la administración pública y llegaron al piso 25 del edificio del banco en Alem 855, donde funcionaba un servicio de banca privada internacional que no había sido informado al Banco Central. La causa formal se abrió en 2009 por una denuncia del propio BCRA.

Según la acusación, los imputados integraron entre 2000 y 2008 una asociación ilícita destinada al lavado de activos y a infringir el régimen penal cambiario en 23 oportunidades. Los fiscales estimaron que por esa estructura se lavaron unos mil millones de dólares.

En el expediente judicial, la base de cálculo quedó en US$33,3 millones, la suma de las operaciones concretas imputadas.

Los procesamientos y los intentos de prescripción

En 2016, la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de 14 ejecutivos del banco. Entre ellos está Joannier, director general de la sucursal argentina hasta mayo de 2006; Giraudon, su sucesor hasta fines de 2008; Abeillon, director administrativo hasta 2006, y Basciano, su reemplazante.

A lo largo de los años se acumularon planteos para cerrar la causa por el paso del tiempo. La Cámara Federal rechazó la prescripción y la Corte Suprema desestimó otro planteo de prescripción de uno de los procesados.

Queda un frente abierto. En 2023, el Tribunal Oral Federal 6 homologó un acuerdo de reparación integral del perjuicio que habría cerrado el caso sin juicio. Pero la Cámara Federal de Casación lo revocó, aunque concedió los recursos extraordinarios de las defensas. Desde entonces, el expediente espera una definición de la Corte Suprema.

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