El PJ albertista sale al cruce: respaldo total a los suyos y denuncia de persecución

En un contundente pronunciamiento, el Partido Justicialista de San Luis, liderado por el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, blindó a sus dirigentes con causas judiciales y apuntó contra los gobiernos de Javier Milei y Claudio Poggi. El Congreso Provincial del partido, reunido recientemente, no solo expresó su apoyo incondicional a los acusados, sino que también denunció una supuesta persecución política, laboral, mediática y judicial contra su espacio.

El encuentro, encabezado por Natalia Zabala Chacur y Alberto Rodríguez Saá (h), presidenta y vicepresidente del Congreso partidario, respectivamente, marcó el inicio de una estrategia electoral de cara al 2027. El documento aprobado rechaza el hostigamiento contra referentes del peronismo provincial y convoca a la unidad del partido.

¿Quiénes son los dirigentes respaldados?

La lista de beneficiarios del respaldo partidario incluye a exfuncionarios de alto rango, entre ellos los exministros de Seguridad Claudio Latini y Luciano Anastasi, el exministro de Desarrollo Social Nicolás Anzulovich, los exfuncionarios Ernesto Alí, Marcelo Amitrano, Sergio Freixes, Miguel Berardo y Sebastián Anzulovich, además de la exdiputada Anabela Lucero.

No obstante, la situación judicial de cada uno es dispar. Mientras que Claudio Latini y Cintia Ramírez ya fueron condenados, otros continúan imputados en distintas causas. Ramírez fue hallada responsable de negociaciones incompatibles con la función pública por irregularidades en los fondos del Ente Provincial de Deportes destinados al San Luis Fútbol Club, entidad que presidía. Latini, por su parte, recibió una condena por peculado en una causa por sustracción de bienes públicos.

¿Qué se investiga en la causa que une a Latini, Anastasi y Alí?

Una de las causas más resonantes involucra a Latini, Anastasi y Alí, y permanece en plena etapa de investigación, con acusación fiscal ya formulada. El Tribunal de Impugnaciones decidió recientemente que la jueza Luciana Banó continúe al frente del expediente, desestimando los planteos de las defensas sobre su competencia.

La Fiscalía sostiene que el caso gira en torno a presuntas irregularidades en convenios firmados durante la gestión de Rodríguez Saá entre el Ministerio de Seguridad y municipios del interior para la ejecución de obras. Según la acusación, los fondos fueron transferidos pero algunas de las intervenciones comprometidas nunca se habrían concretado.

¿Qué significa este respaldo para el futuro político del PJ puntano?

El pronunciamiento se produce en un momento clave de reorganización política del peronismo puntano, con la mira puesta en las elecciones de 2027. El Congreso no solo autorizó a Alberto Rodríguez Saá a avanzar en acuerdos y alianzas electorales, sino que también cuestionó duramente las gestiones de Javier Milei y Claudio Poggi.

El documento aprobado combina el respaldo político a los dirigentes con causas judiciales con el inicio de una estrategia partidaria para recuperar protagonismo en la disputa política provincial. Mientras la Justicia continúa definiendo la situación procesal de cada acusado, el PJ albertista busca consolidar una posición común y fortalecer su estructura de cara al próximo escenario electoral.