El PJ frena el acuerdo con Vicuña: qué hay detrás del rechazo y el plazo que encendió la polémica

El Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de San Juan anunció su rechazo al convenio entre el Gobierno provincial y la empresa Vicuña. La decisión, que deja en vilo la millonaria inversión, se basa en una diferencia de plazos y en dudas sobre el control provincial.

Juan Carlos Quiroga Moyano, titular del PJ y presidente de la bancada, fue el encargado de exponer los motivos en conferencia de prensa durante la sesión. El dirigente cuestionó que el Ejecutivo tuvo un año y medio para negociar el proyecto, mientras que los legisladores apenas recibieron los antecedentes cinco días antes de la votación.

Una inversión de 250 millones de dólares en juego

El acuerdo contempla una contribución de US$250 millones por parte de Vicuña para obras de infraestructura estratégica. Sin embargo, el eje de la objeción justicialista no pasó por el monto, sino por las condiciones del entendimiento y su alcance territorial.

Quiroga Moyano señaló que el texto alcanza un radio de 75 kilómetros desde los límites del emprendimiento, con reglas específicas para futuros depósitos o iniciativas vinculadas a la empresa. En ese marco, advirtió que persisten dudas que no podrían modificarse una vez aprobado el convenio.

¿Qué pasa con el control provincial?

El presidente del bloque justicialista planteó reparos sobre las facultades de control que conservaría la Provincia. Esa cláusula ya había sido objetada en reuniones previas con funcionarios del Ejecutivo, según el debate legislativo.

La discusión se centra en el margen de intervención estatal frente a eventuales desarrollos dentro del área prevista. La pregunta es si la Provincia mantiene capacidad suficiente para fiscalizar decisiones posteriores sin alterar lo ya pactado.

Diputados de zonas mineras y una frase que generó revuelo

Quiroga Moyano vinculó la discusión con la representación territorial de algunos legisladores justicialistas. Mencionó a los diputados de Jáchal, Calingasta, Valle Fértil y Albardón, donde la minería se relaciona con obras estratégicas del acuerdo.

En paralelo, el dirigente formuló una definición política contundente: "Estamos creando un Estado dentro de otro Estado, dentro de San Juan". La frase condensó la objeción del bloque sobre soberanía provincial y control administrativo.

La definición final quedó en manos de la votación en la Cámara de Diputados y de la posición de los legisladores justicialistas de las zonas mineras. También seguirá en debate el alcance del radio de 75 kilómetros y la interpretación de las facultades de control. El dato a seguir es si el texto obtiene respaldo legislativo pese al rechazo formal del bloque opositor.