El PJ quiere que los municipios dejen de retener fondos y puedan disponer de ellos: la medida que cambiaría las cuentas de las comunas y que ya generó un fuerte debate político en San Juan. ¿Qué pasará con los recursos que hoy se destinan a obras?
El Interbloque Justicialista presentó en Diputados un proyecto de emergencia financiera municipal que suspende la regla de gasto y elimina temporalmente las retenciones del FODERE, con el argumento de que 16 de los 19 departamentos incumplen los límites fiscales.
La iniciativa, firmada por doce legisladores peronistas, busca que las comunas tengan más fondos de libre disponibilidad para afrontar la crisis económica y la emergencia climática. Según el último informe de la Comisión Fiscal Provincial, correspondiente al tercer trimestre de 2025, solo Angaco y Valle Fértil respetaron el límite de crecimiento del gasto corriente primario neto que fija la Ley 1812-I. Jáchal directamente no presentó la información requerida.
Los números que dispararon la alarma
El relevamiento compara la evolución del gasto entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025. La norma establece que el gasto corriente primario neto no puede crecer por encima de la variación del IPC, que en ese lapso fue del 46,36%. Para los municipios con superávit, la ley permite tomar como referencia la variación nominal del PBG, que llegó al 54,12%.
Las diferencias entre departamentos son notables. Sarmiento encabeza la lista con un incremento del 105,18%, seguido por Zonda (91,59%), Calingasta (88,35%), 9 de Julio (81,85%) y Chimbas (81,50%). Rivadavia también superó su parámetro, aunque por un margen mínimo: registró 46,41% contra el límite de 46,36%.
Para el peronismo, el incumplimiento generalizado no responde a decisiones antojadizas de los intendentes, sino al deterioro de los recursos y al aumento de las obligaciones locales. En los fundamentos mencionan la caída de la recaudación y de la coparticipación, el encarecimiento de los costos operativos, el cierre de comercios, la pérdida de empleo y una mayor demanda de asistencia social. Sostienen que los municipios son la primera puerta a la que golpean los vecinos en situación vulnerable.
La emergencia climática como argumento
El proyecto también incorpora los eventos climáticos de febrero de 2026, cuando lluvias, granizo y crecidas afectaron a varios departamentos, con viviendas dañadas, localidades aisladas y familias que necesitaron ayuda. Según los autores, fueron los municipios los que respondieron inicialmente con recursos propios, mercadería, materiales, limpieza de cunetas y bombeo de agua.
A eso suman el riesgo de nuevas crecidas y aluviones durante el verano, vinculado con las nevadas acumuladas en la Cordillera y el fenómeno de El Niño. Los fondos adicionales permitirían financiar tareas preventivas: limpieza de cauces y desagües, mantenimiento de caminos rurales, compra de combustible y materiales, refuerzo de Defensa Civil y acondicionamiento de centros de evacuación.
Tres cambios centrales
El primer eje apunta al artículo 4 de la Ley 1811-P, que regula el Fondo de Emergencia y el FODERE. Hoy las detracciones son del 5% para el Fondo de Emergencia y del 3% para el FODERE. El PJ propone bajar la primera al 2,5% y suspender temporalmente la segunda. Así, la porción de recursos que se distribuye entre los municipios pasaría del 92% al 97,5%, según el cálculo de los fundamentos.
La propuesta no elimina el Fondo de Emergencia: conserva una detracción del 2,5% para que la Provincia mantenga una herramienta ante situaciones extraordinarias. El cambio más fuerte se concentra en el FODERE, cuyos recursos dejarían de retenerse durante la vigencia de la medida y se incorporarían a la masa distribuible entre las comunas según sus coeficientes.
Los autores estiman que el FODERE retuvo unos $7.229 millones entre enero y septiembre de 2026. Sumando los rendimientos financieros calculados hasta el 21 de octubre, la cifra treparía a $7.776 millones. El proyecto plantea que los saldos de 2025 y anteriores sigan destinados a los proyectos ya aprobados, con prioridad para anticipos y desembolsos pendientes, mientras que lo retenido en 2026, junto con sus rendimientos, se distribuya progresivamente entre los 19 municipios durante 2027.
El segundo cambio es la suspensión transitoria de la regla de gasto del artículo 3, apartado A, de la Ley 1812-I. Los legisladores argumentan que mantener el límite vigente mientras los municipios afrontan una emergencia social y climática termina penalizando a las administraciones que destinan recursos a asistencia, personal, combustible e insumos.
La suspensión no alcanza a todo el régimen de responsabilidad fiscal: siguen vigentes las reglas de endeudamiento, cargos ocupados y fin de mandato, además de las obligaciones de información y transparencia. El plazo de las medidas se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027.
Un programa para volver al cumplimiento
El tercer eje es la creación de un Programa de Convergencia Fiscal Municipal, para que la flexibilización tenga un plazo definido y no implique abandonar los controles. Cada municipio debería presentar ante la Comisión Fiscal Provincial un compromiso con diagnóstico de cuentas, medidas, metas, indicadores verificables y cronograma. Además, tendría que informar avances cada seis meses y fijar un camino para recuperar el cumplimiento de la regla de gasto.
Para fundamentar el mecanismo, el PJ cita un antecedente nacional: en septiembre de 2026, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal aprobó un programa de convergencia para que las provincias recuperen gradualmente el cumplimiento de las reglas. Los diputados señalan que San Juan también registró un crecimiento del gasto corriente por encima de los parámetros nacionales y sostienen que los municipios deberían tener una herramienta equivalente.
También mencionan un documento de la Federación Argentina de Municipios presentado en abril de 2026 ante el Ministerio de Economía de la Nación, donde intendentes de todo el país advirtieron sobre la caída de recursos, el aumento de costos y la presión de la demanda social. Para el bloque justicialista, ese diagnóstico respalda la necesidad de fortalecer las finanzas locales.
El antecedente del veto
En diciembre de 2023, pocos días después de la asunción de Marcelo Orrego como gobernador, el peronismo impulsó una modificación de la Ley de Coparticipación Municipal para que los recursos del Fondo de Emergencia y del FODERE se incorporaran a la masa coparticipable distribuida automáticamente entre los municipios. El argumento era ampliar la disponibilidad de fondos para los intendentes frente al escenario económico.
La iniciativa fue aprobada por Diputados, pero Orrego la vetó totalmente el 29 de diciembre de ese año. El Ejecutivo defendió la continuidad de los fondos específicos, sosteniendo que su eliminación podía comprometer el financiamiento de obras públicas y proyectos de infraestructura. La Cámara de la Construcción de San Juan también respaldó entonces el mantenimiento del esquema, al advertir sobre el riesgo de que esos recursos terminaran en gastos corrientes en lugar de obras.
El nuevo proyecto reabre la discusión entre la autonomía financiera de los municipios y la preservación de fondos para desarrollo regional. El FODERE ya había estado en el centro del debate por la posibilidad de que seis departamentos (Calingasta, Caucete, Chimbas, Iglesia, Jáchal y Ullum) quedaran sin acceso a esos recursos por incumplimientos del régimen de responsabilidad fiscal. La normativa vigente vincula el acceso al fondo con la adhesión y el cumplimiento de las reglas, por lo que el planteo del PJ busca modificar transitoriamente tanto la disponibilidad de recursos como las condiciones fiscales de los municipios.
