Once investigados, nueve meses de expediente y una jueza que se tomó tres días para decidir: el PJ de San Juan salió a respaldar a Uñac y Andino y apuntó contra Orrego, mientras la causa del Acueducto Gran Tulum sigue sin definición.
El Partido Justicialista de San Juan puso la cara por dos de sus referentes nacionales. A través de un comunicado oficial, la conducción partidaria expresó su respaldo institucional al senador Sergio Uñac y al diputado Cristian Andino, en momentos en que la Justicia evalúa imputarlos por presuntas irregularidades en la licitación del Acueducto Gran Tulum.
El texto, fechado el 12 de noviembre y encabezado con la consigna "Las diferencias políticas deben resolverse en el ámbito democrático", no se limitó al apoyo a los legisladores: también alcanzó a los exfuncionarios provinciales que quedaron envueltos en el expediente.
Qué dice el comunicado del PJ
La conducción justicialista habló de "profunda preocupación" por la situación procesal de sus dirigentes. Y fue más allá: sostuvo que, después de nueve meses de investigación, los fundamentos de las acusaciones son "absolutamente arbitrarios".
Además, advirtió que la causa tomó un carácter "profundamente político y mediatizado" y dejó flotando la sospecha de que las instituciones podrían estar usándose contra adversarios políticos.
El mensaje para Orrego
El pronunciamiento incluyó un tramo dedicado al gobernador Marcelo Orrego. Desde el PJ le pidieron al Ejecutivo provincial que se concentre en gestionar y ejecutar obras, en lugar de "judicializar la confrontación con la gestión anterior".
Para respaldar ese reclamo, el documento enumeró lo que considera los problemas actuales de San Juan: obras estratégicas de agua y energía paralizadas, endeudamiento de las familias, falta de empleo, caída del consumo y pocas oportunidades para los jóvenes.
El cierre fue hacia adentro. La fuerza política convocó a sus dirigentes y militantes a mantenerse "unidos, organizados y comprometidos", y les pidió dejar de lado las especulaciones personales, las divisiones y los silencios.
Un respaldo que ya venía creciendo
El posicionamiento oficial no llegó solo. Antes habían hablado otros referentes del espacio. El diputado nacional Jorge Chica y el exsecretario de Ambiente Francisco Guevara compartieron en redes la frase "Los votos se ganan en las urnas, no en la Justicia".
A ellos se sumó el Frente Renovador que lidera Franco Aranda, que también emitió su respaldo.
Dónde está la causa
Este miércoles se retomó la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en el legajo caratulado "Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública". La jueza de Garantías Mónica Lucero tuvo a su cargo la conducción de la jornada.
El Ministerio Público Fiscal terminó de exponer los hechos investigados, la participación que le atribuye a cada una de las once personas alcanzadas por el expediente y la calificación legal de esas conductas.
Después llegó el turno de las defensas. Los abogados de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez pidieron la nulidad absoluta del procedimiento, y los letrados de Uñac y Andino adhirieron. El planteo apunta a cómo se resolvió una recusación previa contra la jueza Lucero, es decir, un pedido anterior para que se apartara de la causa.
Si ese pedido prospera, todo lo actuado hasta ahora quedaría sin efecto y habría que rehacerlo conforme a la ley. El Ministerio Público Fiscal se opuso: argumentó que la petición tiene carácter dilatorio y que las defensas no demostraron un perjuicio concreto que justifique la nulidad.
La fecha que todos esperan
Lucero dispuso un cuarto intermedio para estudiar el planteo y se tomó los tres días hábiles que corresponden. Su resolución se conocerá el martes 17 de noviembre a las 14.30, con todas las partes presentes.
Hasta entonces, la audiencia de formalización sigue abierta. Primero la jueza deberá definir la nulidad y, según esa decisión, recién después pronunciarse sobre la formalización. Por ahora, las once personas investigadas no están formalmente imputadas.
