El plan B del Gobierno con la desregulación: dividir, negociar y esperar el momento justo para el Congreso

¿Qué esconde el nuevo plan del Gobierno con la desregulación? Mientras niegan que esté archivada, definen cómo dividirla y cuándo enviarla al Congreso. Los detalles que nadie contó.

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El plan B del Gobierno con la desregulación: dividir, negociar y esperar el momento justo para el Congreso
El plan B del Gobierno con la desregulación: dividir, negociar y esperar el momento justo para el Congreso

El Gobierno ya no piensa en grande: la desregulación no llegará como un paquete único. En la Casa Rosada definen ahora cómo trocearla, cuándo enviarla y por dónde ingresará al Congreso, en medio de versiones que hablaban de un archivo definitivo que niegan con vehemencia.

“Se está revisando el paquete de Desregulación, pero se va a avanzar”, aseguraron a TN fuentes oficiales. El texto, según confirmaron otros funcionarios, permanece en la secretaría de Legal y Técnica, pero ningún proyecto puede saltarse la mesa política antes de pisar el recinto.

¿Qué viene primero?

La hoja de ruta inicial concentra las negociaciones en cinco ejes: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios en Inocencia Fiscal, el paquete de Propiedad Privada, la reforma electoral y el Super-RIGI. El Ejecutivo quiere cerrar esas discusiones antes de abrir nuevos frentes con gobernadores y bloques dialoguistas.

Recién después aparecerá una segunda tanda, que incluye el grillete fiscal —con mecanismo similar al shutdown estadounidense—, el paquete de desregulación, el Presupuesto 2027 y las reformas de seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales. Esa secuencia, advierten, puede cambiar según el resultado de las votaciones y el clima de las negociaciones.

El proyecto que más obsesiona a Milei

Dentro de esa segunda etapa, la reforma que Javier Milei considera prioritaria es la del mercado de seguros. La iniciativa busca que las compañías diseñen productos sin autorización previa, que el regulador se limite a controlar solvencia y fraudes, y que se amplíe la oferta de coberturas. El Presidente la presentó como un proyecto separado, aunque conectado con la reforma financiera general.

Luego vienen las modificaciones sobre corretaje inmobiliario y mercado de capitales. La Casa Rosada intenta vincular estas últimas con Inocencia Fiscal: que una parte de los ahorros no declarados que ingresen se canalice hacia bonos corporativos, fideicomisos, financiamiento colectivo y otros instrumentos productivos.

En el rubro inmobiliario se reduce los requisitos nacionales para ejercer el corretaje, se habilita a personas humanas y jurídicas, y se permite operar mediante plataformas digitales. Además, se prohíbe fijar pisos, valores sugeridos o topes para comisiones, y se declara contraria a la libre competencia cualquier restricción de residencia o incompatibilidad absoluta.

El borrador multisectorial tiene 144 páginas e incluye cambios en farmacias, gas licuado de petróleo, libros, traducciones públicas, actividades agropecuarias, cabotaje e instrumentos financieros. Su capítulo de mercado de capitales modifica la Ley 26.831 para simplificar trámites, sumar tecnologías, ampliar el acceso de pymes y promover la canalización del ahorro hacia la inversión.

¿Por qué no va todo junto?

La decisión política es no enviar ese conjunto como una sola ley. En el oficialismo temen que un texto extenso permita que la resistencia de un sector bloquee capítulos con mayor consenso, y obligaría a negociar a la vez con demasiados actores: económicos, provincias y colegios profesionales.

El cambio de estrategia se profundizó tras la caída del capítulo sobre extranjerización de tierras. El desmarque de gobernadores aliados encendió una alarma en Balcarce 50 y reforzó la postura de quienes exigen medir el costo de cada reforma antes de sumarla al temario.

En la sede de gobierno admiten, además, problemas de coordinación entre las áreas técnicas y políticas, tanto en proyectos de ley como en medidas por decreto. La idea es que las iniciativas sensibles pasen por la mesa política antes de su publicación o envío, para evitar que una disputa sectorial interfiera con las reformas prioritarias.

Como antecedente citan las dificultades con la apertura del cabotaje y la suspensión del decreto que desreguló el practicaje. En ese caso, el Ejecutivo tuvo que abrir una mesa de revisión después de que la interrupción del servicio paralizara los puertos, y aceptó suspender la normativa a cambio de una reducción tarifaria del 20%.

Las internas que complican

Las diferencias también profundizaron los cruces entre Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich por la redacción y negociación de los proyectos. En varios sectores del oficialismo atribuyen parte de la descoordinación a las tensiones de la jefa del bloque libertario en el Senado con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, los principales alfiles legislativos y territoriales de Karina Milei.

El retiro de los gobernadores aliados de la negociación por la Ley de Tierras reavivó esos pases de factura. “Ninguno de esos gobernadores va al baño sin que Lule se entere. No mueven un pelo sin aval”, expresó una fuente nacional que cuestiona la idea de que los mandatarios provinciales se hayan desmarcado sin que el entorno de Karina Milei conociera previamente sus posiciones.

Pese a las críticas, en el Ejecutivo aseguran que Sturzenegger sigue firme y conserva el respaldo total del Presidente. “Lo que pasa con Federico es que a veces quiere imponer su agenda por sobre la de Milei. Y para eso necesita ser presidente”, plantearon en un sector del oficialismo. La mesa política tendrá ahora la tarea de ordenar esa agenda, seleccionar los capítulos con mayor viabilidad y decidir en qué momento abrir una nueva negociación en el Congreso.

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