El Plan Castello cerró sus fondos pero sigue costando: la oposición quiere saber dónde fue a parar la plata
Política · Río Negro

El Plan Castello cerró sus fondos pero sigue costando: la oposición quiere saber dónde fue a parar la plata

El fondo fiduciario del Plan Castello se quedó sin plata, pero la Provincia sigue pagando la deuda. Ahora, legisladores opositores quieren saber qué pasó con las obras prometidas y adónde fueron a parar los millones.

La legisladora Gabriela Picotti y otros miembros de Cambia Río Negro presentaron un pedido de informes para conocer el destino de los fondos del Plan Castello y el estado de las obras inconclusas. El programa, aprobado en 2017, emitió un bono por US$ 300 millones pero ya agotó sus recursos y la Provincia sigue pagando la deuda.

El fondo fiduciario del Plan Castello se cerró en 2025 sin fondos disponibles, según datos oficiales. Sin embargo, la deuda continúa y la provincia afronta pagos semestrales de US$ 35,5 millones, más intereses que oscilan entre el 3% y el 31%. El último pago se registró en septiembre de este año, correspondiente a la sexta cuota de las nueve proyectadas hasta marzo de 2028.

Qué busca el pedido de informes

La iniciativa firmada por Picotti, con el respaldo de la bancada de Cambia Río Negro, apunta a precisar qué ocurrió con los proyectos que integraban el programa aprobado por la Ley 5201 y qué destino tuvieron los fondos previstos para ejecutarlos.

Entre los puntos centrales aparecen obras de desarrollo como los edificios proyectados en Viedma para Prozome (Laboratorio Público de Producción Zonal de Medicamentos) y el Ministerio de Educación, que figuraban en el listado original con asignaciones de US$ 4 millones y US$ 1,5 millones, respectivamente.

Los fundamentos también señalan obras que fueron interrumpidas y requirieron nuevas contrataciones para completarse, como el edificio central del Ipross en Viedma y el Complejo Judicial de Cipolletti. Algunos cuestionamientos no se limitan a su concreción, sino que buscan establecer los presupuestos originales en relación con el costo final y el origen de los recursos.

Un plan ambicioso que quedó a mitad de camino

El Plan Castello fue aprobado en 2017 mediante la Ley 5201, con una autorización de endeudamiento de hasta US$ 580 millones para financiar obras de infraestructura en Río Negro. Finalmente, el bono emitido llegó a los US$ 300 millones, una diferencia que ya en 2017 obligó al Gobierno a revisar prioridades y postergar algunas iniciativas.

De acuerdo al Anexo I de la Ley, las inversiones originales se concentraban en cinco grandes rubros: obras viales (US$ 176 millones), obras de desarrollo (US$ 137 millones), eléctricas (US$ 107 millones), hídricas y de saneamiento (US$ 102 millones) y financiamiento para obras municipales (US$ 58 millones).

Entre los proyectos de mayor magnitud figuraban el Gasoducto de la Región Sur, presupuestado en US$ 47 millones, y la construcción del Parque Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche, con US$ 30 millones, que actualmente cuenta con 22 obras particulares en marcha y casi 30 mil metros cuadrados en ejecución. También se incluían la pavimentación de la Ruta provincial 4 y la Ruta 2, por más de US$ 40 millones cada una, y planes cloacales en doce localidades por un total de US$ 90 millones.

El cierre del fondo y la deuda que persiste

Según los datos oficiales, el fondo fiduciario cerró en 2025 ante la falta de fondos, con 23 obras inauguradas, una infraestructura de riego paralizada y dos obras cloacales que se proyectaba culminar con recursos provinciales.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, confirmó al diario RÍO NEGRO que los últimos fondos del plan se invirtieron en la culminación del Ipross, durante una entrevista realizada en agosto del año pasado.

Pese al cierre del fondo, la deuda persiste. La provincia continúa con pagos semestrales de US$ 35,5 millones, más un componente de intereses que va bajando en cada vencimiento y oscila entre el 3% y el 31%. El último pago registrado fue en septiembre de este año, siendo la sexta cuota de las nueve proyectadas hasta marzo de 2028, para culminar con la refinanciación del esquema que en 2021 fue cerrado en US$ 320 millones, tras la suspensión de pagos por la pandemia.

La discusión que reabre el pedido de informes apunta ahora a precisar cómo se ejecutó el programa, qué obras quedaron sin concretarse y cuánto terminó costando completar aquellas que tuvieron demoras.

Culminación de la sede del Ipross a fines de 2025, una de las obras del Plan Castello proyectadas en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

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