El plan de Caputo para usar la plata de los jubilados y financiar a los bancos: el bono sigue congelado

El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó un nuevo esquema para impulsar los créditos hipotecarios que pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué usar el dinero de los jubilados para fondear a los bancos cuando el bono extra sigue congelado en 70.000 pesos? La medida, anunciada este miércoles, licitará hasta 2 billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES entre las entidades financieras.

La operación consiste en que los bancos obtengan fondeo de largo plazo con recursos previsionales, a plazos de entre dos y cinco años, y a cambio paguen al FGS un rendimiento equivalente a UVA más un porcentaje que, según Caputo, podría ubicarse entre 2% y 3%. El objetivo oficial es ampliar la oferta de préstamos para la compra de viviendas, pero el mecanismo despierta críticas por el origen de los fondos y el contexto de ajuste a los jubilados.

El fondo de los jubilados como fuente de financiamiento

El FGS fue creado como un fondo de reserva del sistema previsional y sus activos pertenecen a la seguridad social. La normativa permite inversiones como depósitos a plazo fijo en entidades financieras, y ANSES sostiene que su objetivo es preservar el patrimonio y contribuir a la sustentabilidad del sistema. Sin embargo, la discusión no pasa solo por si puede invertir en bancos, sino por quién se beneficia de esa operación.

Caputo justificó la medida explicando que los bancos "reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo". En efecto, una hipoteca puede extenderse 20 o 30 años, mientras que los depósitos tradicionales tienen vencimientos mucho más cortos. Para resolver ese descalce, Economía eligió que una parte del fondeo provenga del fondo previsional, lo que en términos económicos se llama intermediación financiera: administrar fondos de corto plazo para entregar créditos de largo plazo.

El negocio detrás del fondeo

Las entidades deberán participar de licitaciones y ofrecer al FGS un rendimiento. El esquema contempla tasas de UVA más 2% o 3% y colocaciones de entre dos y cinco años. A partir de allí, los bancos podrán utilizar ese fondeo para ampliar sus préstamos hipotecarios. El verdadero negocio está en el diferencial entre el costo al que se fondean y el precio al que colocan los créditos.

En el mercado actual, los préstamos hipotecarios UVA tienen tasas reales que superan ese nivel. El Banco Nación, por ejemplo, publica para determinados créditos de vivienda única una tasa nominal anual fija de 6,70% más la actualización por UVA, mientras que BBVA ofrece líneas de vivienda permanente a 7,50% más UVA para ciertos clientes y condiciones. Otras entidades privadas llegan a tasas superiores.

Si una entidad consigue fondeo del FGS a UVA más 2% o 3% y luego coloca créditos a UVA más 6,7%, 7,5%, 8,5% o incluso más, existe un margen bruto entre ambas tasas. No todo ese diferencial constituye ganancia pura, porque el banco debe afrontar costos operativos, seguros, capital regulatorio, riesgo crediticio y otros gastos. Pero el Estado previsional está ofreciendo una fuente de fondeo con una duración mucho mayor que la de los depósitos tradicionales y a una tasa que puede quedar por debajo del rendimiento cobrado a los tomadores de crédito.

La pregunta que queda abierta es por qué ese mismo esfuerzo financiero no se utiliza para atender primero el problema de endeudamiento de los hogares que ya están fuera del sistema de crédito o que ingresaron en mora para sostener sus gastos cotidianos.

La crisis de capacidad de pago de las familias

Mientras el Gobierno insiste en obviar la crisis de capacidad de pago de las familias, los números muestran un deterioro alarmante. En abril, la irregularidad de las financiaciones a las familias había llegado al 12,1%, frente al 3,7% de un año antes. En mayo, el indicador volvió a subir hasta 12,8%, según los datos del BCRA relevados en los últimos informes. La mora de los préstamos personales y de las tarjetas de crédito se convirtió en uno de los principales indicadores del deterioro de los ingresos de los hogares.

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina sobre los datos de la Central de Deudores mostró además que en junio había 20,97 millones de personas endeudadas con bancos y proveedores no financieros de crédito, de las cuales 5,91 millones se encontraban en situación de mora. Es decir, cerca de seis millones de personas registraban dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

El sistema financiero necesita más préstamos, pero una parte importante de los hogares necesita primero recuperar capacidad de pago y eso se logra con mejores ingresos y jubilaciones. En ese contexto, ampliar la oferta de hipotecas puede beneficiar a quienes cumplen las condiciones de ingreso exigidas por los bancos, mientras queda sin respuesta el universo de familias que ya se encuentra sobreendeudado.