El plan de Corrientes contra el abigeato que puso en alerta a seis provincias y Paraguay

El Hotel de Turismo de Corrientes se convirtió este martes en el epicentro de una cumbre inédita contra el delito rural. Autoridades de seis provincias argentinas y de Paraguay se sentaron a la misma mesa para frenar el abigeato. El vicegobernador Pedro Braillard Poccard presidió la apertura de la Mesa de Trabajo Técnico-Operativa de Seguridad Rural, un espacio que promete cambiar las reglas del juego en la región.

¿Quiénes participaron y qué se definió?

La convocatoria reunió a representantes de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones, Formosa y Paraguay. No fue un encuentro más: la presencia de Iván Velasco, secretario del Consejo de Seguridad Interior de la Nación, Ricardo Galeano, coordinador del Convenio Policial Argentino, y Martín Culatto, subsecretario de Intervención Federal, marcó la relevancia del tema a nivel nacional.

El objetivo central fue delinear una agenda común para los próximos meses. El robo de hacienda no entiende de fronteras provinciales ni nacionales, y los funcionarios buscan que tampoco las entiendan los operativos de prevención.

El desafío de vigilar un territorio enorme

Braillard Poccard fue contundente al describir el problema: la baja densidad poblacional en las extensas superficies agropecuarias convierte a la vigilancia rural en un desafío permanente. El Vicegobernador subrayó la importancia del compromiso policial "para asegurarse que quienes se dedican a esta actividad estén protegidos permanentemente", aseveró.

Mientras algunas localidades del interior correntino ya profundizaron el despliegue de recursos humanos y logísticos, otras regiones fronterizas todavía tienen dotaciones de personal por debajo de lo necesario. Una asimetría que queda expuesta cuando se producen operativos de magnitud.

La fuerza especializada que marca la diferencia

En el centro de la discusión estuvo la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica de la provincia. Hoy cuenta con 26 unidades distribuidas en todo el territorio y más de 580 efectivos dedicados exclusivamente a prevenir e investigar delitos rurales.

Ese esquema se apoya en el trabajo cotidiano de las delegaciones de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (Priar). En los últimos meses, intensificaron los allanamientos y los operativos vinculados a causas de abigeato, incluyendo intervenciones sobre puntos de venta que reciben carne faenada sin los controles sanitarios correspondientes.

La estrategia no solo apunta a desbaratar el circuito de robo de hacienda, sino también a cortar la salida comercial de esa mercadería. Un frente que las autoridades consideran clave para desalentar el delito.

Los números que alientan la esperanza

Según se remarcó durante la cumbre, el trabajo sostenido comenzó a reflejarse en las estadísticas: en los últimos meses se observó una tendencia descendente en los principales indicadores vinculados al abigeato en la provincia. Las autoridades atribuyeron esa mejora a la combinación de mayor despliegue policial, inteligencia criminal y la colaboración de los productores rurales en las denuncias.

Cooperación regional y binacional

La elección de Corrientes como sede no fue casual. La provincia expuso ante sus pares el esquema desarrollado en materia de seguridad rural, en un momento en que el abigeato mantiene en alerta a productores de distintos puntos del NEA y el Litoral.

El intercambio de experiencias entre las áreas especializadas de cada jurisdicción apunta a identificar buenas prácticas y a evitar que el delito migre hacia provincias con menor despliegue de recursos. La articulación con organismos nacionales, a través del Consejo de Seguridad Interior y el Convenio Policial Argentino, junto con la participación de delegaciones paraguayas, reforzó el carácter binacional que empieza a adquirir la discusión sobre seguridad en zonas fronterizas y rurales.

La expectativa de las autoridades correntinas radica en que este tipo de encuentros técnico-operativos se sostengan en el tiempo, con nuevas ediciones que permitan medir avances concretos en la reducción del delito rural en toda la región del NEA y el Litoral.