El plan de dos diputadas para terminar con la 'Ley de Enganche' que define los sueldos judiciales

Un proyecto de ley presentado este martes en la Cámara de Diputados busca derogar el artículo de la Ley Nº 10.068, conocida como 'Ley de Enganche', que ata automáticamente los salarios del Poder Judicial de Entre Ríos a los aumentos que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La iniciativa, firmada por dos diputadas de distintos bloques, pretende que la provincia recupere el control sobre sus propios recursos.

Las autoras son Gladys Salinas, del bloque unipersonal del Partido Conservador Popular, y Noelia Taborda, de la Alianza Juntos por Entre Ríos. Según señalaron, la propuesta 'no impide que se otorguen aumentos al Poder Judicial, sino que procura que esas decisiones sean tomadas en Entre Ríos, de acuerdo con la realidad provincial y mediante la intervención de las autoridades responsables de administrar y controlar los recursos públicos'.

En los fundamentos, las legisladoras consideraron 'necesario que la Legislatura recupere una intervención efectiva en todas aquellas decisiones que comprometan el presupuesto provincial. Solo de esa manera podremos garantizar una administración ordenada, responsable y transparente de los fondos que pertenecen a todos los entrerrianos'.

¿Qué dice exactamente la norma que quieren derogar?

El artículo en cuestión establece que 'a las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial, se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente'.

El proyecto presentado por Salinas y Taborda propone textualmente: 'Artículo 1°.- Derógase el artículo 1° de la Ley Nº 10.068' y 'artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archívese'.

Los argumentos detrás de la iniciativa

Las diputadas recordaron que 'el mecanismo fue establecido en el año 2011 y vincula de manera directa los aumentos salariales del Poder Judicial provincial con decisiones adoptadas por un organismo nacional, sin considerar necesariamente la situación económica, financiera y presupuestaria de Entre Ríos'.

En ese sentido, señalaron que 'transcurridos varios años desde su sanción, entendemos que corresponde revisar este sistema y recuperar para la Provincia la capacidad de decidir sobre la administración y el destino de sus propios recursos'.

Además, citaron la Constitución provincial, que atribuye a la Legislatura 'la responsabilidad de fijar el presupuesto, autorizar los gastos y controlar el destino de los fondos públicos'. Para ellas, esas 'facultades no representan solamente una formalidad, sino que constituyen una responsabilidad directa frente a todos los entrerrianos'.

El proyecto también hace hincapié en que 'las decisiones salariales del Poder Judicial nacional se adoptan de acuerdo con su propia realidad, su presupuesto y los recursos con los que cuenta el Estado nacional. Esas circunstancias no son necesariamente las mismas que atraviesa nuestra Provincia, que debe atender con sus recursos el funcionamiento de la justicia, la educación, la salud, la seguridad y los demás servicios esenciales'.

Alineación con el Gobierno nacional

Las legisladoras destacaron que la iniciativa 'se encuentra también en línea con el cambio de rumbo impulsado por el Gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei, que ha colocado al equilibrio fiscal, el orden de las cuentas públicas y el cuidado de los recursos de los contribuyentes como principios centrales de su gestión'.

'Compartimos la idea de que el Estado no puede gastar más de lo que tiene ni asumir obligaciones permanentes sin analizar previamente cómo serán financiadas', insistieron.

¿Qué implicancias tendría la derogación?

Salinas y Taborda aclararon que 'la derogación propuesta no busca afectar la independencia del Poder Judicial ni desconocer la importancia de la función que cumplen sus magistrados, funcionarios y empleados'.

Tampoco, según sostuvieron, 'implica reducir las remuneraciones actualmente vigentes. Lo que se propone es dejar sin efecto, hacia el futuro, un mecanismo automático que limita la capacidad de la Provincia para definir su propia política salarial'.

El contexto de la presentación incluye las diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial por la reforma previsional y los fallos adversos del segundo a la compra de alimentos para comedores escolares dispuesta por el primero.

Antecedentes: la Ley de Emergencia Solidaria

La Ley N° 10.806 de Emergencia Solidaria, sancionada el 2 de julio de 2020 durante la gestión del entonces gobernador Gustavo Bordet, declaró el estado de emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional en la provincia, en el marco de la pandemia de Covid-19 y ante la caída de la recaudación fiscal.

La emergencia tuvo un plazo inicial de un año con posibilidad de prórroga por seis meses, pero en junio de 2021 el Ejecutivo decidió no extenderla. Tras su finalización, distintos actores judiciales reclamaron por los montos retenidos durante ese período. El Poder Ejecutivo rechazó los reclamos y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó la validez legal de la Ley de Emergencia.