El plan de Grasso para aliviar deudas: créditos accesibles y un tope a los descuentos

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, presentó un proyecto que busca crear un programa provincial de desendeudamiento para santacruceños en mora y con problemas financieros. La iniciativa apunta a reemplazar deudas de consumo con intereses altos por créditos más accesibles.

El proyecto contempla refinanciar compromisos originados en tarjetas de crédito y préstamos personales de entidades reguladas. Para acceder, se debe estar en las situaciones 2, 3 o 4 de la Central de Deudores del Banco Central, tener ingresos familiares inferiores a un límite a definir y demostrar que las cuotas superan el 30% de los ingresos mensuales del hogar. Además, hay que tener domicilio en Santa Cruz.

¿Qué condiciones tendrán los nuevos créditos?

Las refinanciaciones tendrán una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35%, un plazo mínimo de 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, y no podrán exigir nuevas garantías reales. El Banco Santa Cruz estará obligado a sumarse y ofrecer estas líneas a quienes cumplan los requisitos.

Otras entidades podrán adherir voluntariamente y recibir un incentivo: una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos aplicada a los intereses de esas operaciones.

Protección a los trabajadores estatales

Uno de los puntos centrales es el límite a los descuentos salariales. Las retenciones por deudas alcanzadas por el programa no podrán superar, en conjunto, el 30% de la remuneración bruta mensual. Los descuentos que excedan ese porcentaje deberán ser reliquidados dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la eventual ley.

Esto no implica eliminar la deuda, sino reprogramarla en cuotas compatibles con el nuevo límite. Si existe una cuota alimentaria, esta tendrá prioridad y el tope se calculará sobre el dinero disponible después de cumplir con esa obligación.

Asistencia jurídica gratuita y control

La propuesta crea un registro de abogados y abogadas para patrocinio gratuito a los beneficiarios. También reconoce el beneficio de litigar sin gastos y establece una vía judicial abreviada para reclamar por descuentos excesivos o incumplimientos.

Un profesional inscripto podrá solicitar la suspensión provisoria de un débito automático si considera que supera el límite. La entidad tendrá cinco días hábiles para cumplir con la medida.

El programa será supervisado por una comisión con representantes del Gobierno provincial, el Colegio de Abogados, sindicatos estatales y asociaciones de consumidores. El organismo recibirá denuncias y publicará informes semestrales sobre el cumplimiento.

La iniciativa aún debe pasar por el debate legislativo. En su versión actual no incluye deudas por tarifas de servicios, pero Grasso anticipó que podrá recibir modificaciones para sumar la materia comercial y ampliar su alcance.