El plan de Grasso para frenar el ahogo financiero: claves del proyecto de desendeudamiento
¿Cansado de que el banco se quede con tu sueldo? El proyecto de Grasso promete un tope a los descuentos y una tasa máxima, pero ¿alcanzará para frenar la bola de nieve?
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, sacudió el escenario político provincial al presentar un ambicioso proyecto de ley que promete aliviar la mochila de miles de santacruceños hundidos en deudas con tarjetas de crédito y préstamos personales. La iniciativa, que ya tiene destino legislativo, propone un tope del 30% del salario para los descuentos y una tasa máxima del 35% anual.
La presentación se realizó este lunes con la presencia del diputado provincial Eloy Echazú, la concejal Soledad Kamu y el abogado Mauricio Gómez Bull, junto al equipo de asesores que trabajó en la redacción del texto. El programa, denominado 'Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal', será girado a la Cámara de Diputados para su debate y eventual modificación.
¿Qué propone exactamente el programa?
El corazón de la iniciativa es un mecanismo de refinanciación para quienes están en mora con tarjetas de crédito o préstamos personales. No se trata de perdonar las deudas, sino de reprogramarlas bajo condiciones que no asfixien a los hogares. La propuesta incluye una tasa máxima fija del 35% anual, un plazo mínimo de 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, y la prohibición de exigir nuevas garantías reales sobre la deuda consolidada.
Según explicaron los impulsores, la medida apunta a contrarrestar el deterioro del poder adquisitivo y el crecimiento del endeudamiento familiar. "La plata no alcanza, hay mucha preocupación de los vecinos y la gente no puede pagar la tarjeta de crédito", sostuvo Grasso, quien además cuestionó el impacto de los descuentos bancarios sobre los salarios.
El límite del 30%: un blindaje para el bolsillo
Uno de los ejes más fuertes del proyecto es la llamada intangibilidad del salario. La norma establece que los descuentos por las deudas incluidas no podrán superar el 30% del salario bruto. El objetivo es evitar situaciones extremas donde los bancos se quedan con casi todo el sueldo, dejando al trabajador sin un peso para sus gastos cotidianos.
El diputado Eloy Echazú fue contundente al referirse al contexto que motivó la propuesta: "Santa Cruz tiene un alto porcentaje de morosidad en los créditos bancarios y a raíz de esto tomamos la decisión de elaborar un proyecto de ley para aliviar esta situación". Además, aclaró que "planteamos la revisión de intereses, que son exorbitantes, no que se condonen las deudas".
¿Quiénes podrán acceder y qué bancos adhieren?
Podrán ser beneficiarios los residentes en Santa Cruz con deudas en mora por tarjetas o préstamos personales, siempre que la cuota supere el 30% de sus ingresos familiares y cumplan con los límites que fije la reglamentación. Eso sí, los requisitos definitivos podrían ajustarse durante el tratamiento legislativo.
En cuanto a las entidades financieras, la adhesión será obligatoria para el Banco Santa Cruz, mientras que para el resto de los bancos que operan en la provincia será optativa. Para incentivar la participación, el proyecto contempla beneficios fiscales para las entidades que se sumen.
Stop debit y asesoramiento gratuito
Otra herramienta que incorpora el proyecto es el 'stop debit', que permitirá suspender de manera provisoria los débitos o descuentos cuestionados por los usuarios. La idea es frenar temporalmente el hostigamiento financiero mientras se analiza cada caso.
Además, se prevé la creación de un registro de abogados para brindar asistencia jurídica gratuita a los deudores y la exención de tasas o gastos judiciales en las causas comprendidas por el régimen. El objetivo es derribar las barreras económicas que impiden a muchos acceder a una defensa legal.
El control: una comisión con participación social
Para evitar que todo quede en manos de los bancos, el proyecto crea una Comisión de Seguimiento y Contralor, integrada por representantes del gobierno provincial, el Colegio de Abogados, organizaciones sindicales y entidades de defensa del consumidor. Sus funciones incluyen recibir denuncias, fiscalizar el cumplimiento de las condiciones y publicar informes de gestión semestrales.
Grasso fue claro sobre el destino de la iniciativa: "Presentaremos este proyecto de desendeudamiento en la Cámara de Diputados para que se trabaje y tenga modificaciones que lo mejoren; lo ponemos a disposición de toda la sociedad". Mientras tanto, las familias santacruceñas esperan que la letra chica se convierta en un alivio real para sus bolsillos.