El plan de Grasso para que las familias de Santa Cruz dejen de ahogarse en deudas

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, presentó un proyecto que busca crear en Santa Cruz un Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal. La iniciativa apunta a quienes están en mora y no pueden afrontar sus compromisos financieros.

“La plata no alcanza, el dinero cada vez vale menos. De acá sale el proyecto de desendeudamiento para que tenga todas las modificaciones que sean necesarias”, sostuvo Grasso durante el lanzamiento.

¿En qué consiste la propuesta?

El jefe comunal explicó que el proyecto fue trabajado junto a un equipo de abogados y que uno de sus objetivos es proteger los ingresos de los asalariados frente al creciente nivel de endeudamiento.

La iniciativa busca reemplazar deudas de alto costo financiero por mecanismos de refinanciación más accesibles y sostenibles, especialmente para quienes tienen obligaciones con tarjetas de crédito o préstamos personales y están en situación de vulnerabilidad.

Créditos y límites a los descuentos

Entre los puntos centrales, se establece que el Banco Santa Cruz deberá incorporarse al programa, mientras que otras entidades financieras podrán adherir voluntariamente mediante incentivos fiscales.

Las líneas de refinanciación tendrían una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 cuotas mensuales.

Además, se propone que los descuentos vinculados a estas deudas no superen el 30% de la remuneración bruta mensual de los agentes públicos provinciales. Si hoy se excede ese porcentaje, deberán reliquidarse las retenciones y reprogramarse las obligaciones.

Otro eje es la creación de un Registro de Abogados y Abogadas Patrocinantes, que brindará asistencia jurídica gratuita a los beneficiarios que reclamen por descuentos excesivos o incumplimientos.

Un proyecto abierto a modificaciones

Grasso aclaró que la presentación busca ser una base para seguir trabajando el alcance definitivo.

“Es una presentación formal para ir construyendo juntos. Lo que falta en el proyecto es la materia comercial, sobre cómo podemos incluirla y que no sean exclusivamente voluntades particulares sino generales, para que el banco pueda dar préstamos flexibles y se puedan incluir las tarifas”, explicó.

Así, uno de los aspectos que podría sumarse es la situación de deudas comerciales y obligaciones vinculadas a servicios y tarifas, ampliando el alcance previsto inicialmente para tarjetas y préstamos.

La propuesta también contempla mecanismos de seguimiento y control, una ventanilla única para tramitar las refinanciaciones y la obligación de reglamentar el régimen dentro de los 60 días posteriores a una eventual sanción.