El plan de la DGE para que los docentes accedan a su vivienda propia: qué se sabe

La mitad de los 46.000 docentes de Mendoza tiene problemas para acceder a una vivienda propia. Ante esa realidad, el Gobierno provincial impulsa un proyecto de ley que permitiría usar el Fondo Escolar Permanente como garantía para créditos habitacionales destinados al sector.

La iniciativa, que modifica la Ley 9545, comenzó a debatirse este lunes en un plenario de las comisiones de Cultura y Educación y de Hacienda de la Legislatura. Participó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, junto a funcionarios de su cartera.

Durante la exposición, García Zalazar explicó que la propuesta busca introducir “una herramienta de vanguardia financiera” para utilizar parte del patrimonio del fondo como respaldo de operaciones crediticias vinculadas a viviendas docentes.

Qué cambiaría con la reforma

Según el texto en estudio, las rentas generadas por el Fondo Escolar Permanente podrán destinarse a la compra de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares. Además, se habilitaría a la DGE a usar esos recursos como garantía o respaldo de créditos y programas habitacionales para el personal docente.

El proyecto aclara que esto no implicará suspender ni desfinanciar el fondo, sino crear mecanismos de disponibilidad restringida, como subcuentas o fondos de garantía, con límites de plazo y condiciones que se fijarán en la reglamentación.

García Zalazar definió la propuesta como una “reingeniería financiera y patrimonial inteligente” y afirmó que el objetivo es administrar de manera más eficiente los bienes del Estado y usarlos como palanca para obtener financiamiento destinado a viviendas docentes y mejoras edilicias.

El problema habitacional docente

El ministro señaló que Mendoza tiene alrededor de 46.000 docentes y que aproximadamente la mitad presenta dificultades para acceder a una vivienda propia. Muchos alquilan o viven en inmuebles prestados, situación que motivó la búsqueda de una herramienta específica para el sector.

También informó que el Fondo Escolar Permanente cuenta actualmente con unos 530 millones de pesos provenientes de cinco remates ya realizados, mientras que hay otros 12 bienes en proceso de evaluación. Antes de subastarlos, la DGE analiza si esos terrenos pueden ser útiles para construir escuelas; si no resultan aptos, continúan el proceso para su venta pública.

Infraestructura escolar

Ante consultas de legisladores, el ministro aseguró que la iniciativa no afectará el plan de reparación de escuelas. Sostuvo que la intención es seguir construyendo nuevos establecimientos, aunque las decisiones dependen de estudios de ubicación y necesidad educativa.

En ese sentido, recordó que el plan oficial prevé llegar a 33 escuelas nuevas -de las cuales ya se concretaron 18- y ampliar a 300 las escuelas con jornada extendida.

Para el Gobierno, el proyecto permitirá dar “un nuevo uso” a los recursos del Fondo Escolar Permanente sin afectar su funcionamiento y concentrar mayores esfuerzos en la recuperación de edificios escolares antiguos, donde las inversiones necesarias son, en muchos casos, similares a las de construir una escuela nueva.