El plan de La Libertad Avanza en Diputados: qué proyectos económicos corren primero y por qué la ley de Propiedad Privada espera

Mientras el foco político sigue puesto en la agenda económica, La Libertad Avanza define sus prioridades en la Cámara de Diputados y, por ahora, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no figura en el tope de la lista. El oficialismo apura dos iniciativas clave: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, la intención es llevar ambos dictámenes al recinto durante la última semana de agosto, dejando en un segundo plano el proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado.

¿Por qué la ley de Propiedad Privada quedó en pausa?

El proyecto sobre Propiedad Privada ya fue girado a Diputados y Martín Menem dispuso que sea analizado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Sin embargo, en el oficialismo admiten que el debate recién comenzará esta semana, aunque no es la prioridad.

La estrategia responde a una decisión política: no reabrir la discusión sobre los capítulos que el Senado retiró, vinculados a las leyes de Tierras Rurales y Manejo del Fuego. Esos puntos fueron eliminados por la bancada oficialista, conducida por Patricia Bullrich, ante la resistencia de sectores aliados.

Las negociaciones, impulsadas desde el Senado y la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli, no lograron destrabar el rechazo de gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). Todos tienen referentes con peso en ambas cámaras, un factor que inclinó la balanza.

En ese escenario, la Mesa Política de la Casa Rosada resolvió sostener la sanción aprobada por la Cámara de origen, que contempla modificaciones a la Ley de Expropiaciones, agilización de desalojos y actualización del Registro de la Propiedad.

Qué cambios trae la reforma de la Ley de Expropiaciones

La iniciativa que buscará aprobar Diputados introduce una reforma integral de la Ley de Expropiaciones. La declaración de utilidad pública se mantiene, pero deberá interpretarse de manera restrictiva, con identificación precisa del objetivo y criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

En cuanto a las indemnizaciones, se establece que se considerará el valor objetivo del bien y, cuando sea posible, su valor de mercado. Además, se incorpora expresamente el lucro cesante entre los conceptos a tener en cuenta.

Otro punto clave es la modificación del Código Procesal Civil y Comercial para agilizar los desalojos: las acciones sobre inmuebles urbanos y rurales pasarán a tramitar mediante juicio sumarísimo, con plazos más breves y mayor concentración de etapas.

También se introducen cambios en la Ley Pierri, que regula la regularización dominial. El requisito temporal fijo se reemplaza por un plazo móvil de diez años de posesión pública, pacífica y continua previos a la presentación de la solicitud.

Inocencia Fiscal y reforma del Banco Central: los ejes que aceleran

En paralelo, el oficialismo busca avanzar con los dictámenes de Inocencia Fiscal y reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que ya tuvieron su primer tratamiento en comisión. La idea es llevarlos al recinto el próximo 26 de agosto.

La diputada libertaria Silvana Giudici defendió la iniciativa: “Este es un gobierno que, por primera vez, viene a autorrestringirse las facultades que tiene. Lo hizo al no prorrogar los superpoderes que vencían en el 2025, delegados por la Ley Bases, y ahora con una reforma restrictiva de las facultades del Banco Central”.

Para construir la mayoría necesaria, el oficialismo confía en el respaldo del PRO, la UCR y Fuerzas Provinciales. La radical Pamela Verasay afirmó: “La propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central es una de las reformas estructurales que la Argentina necesita. El BCRA volverá a tener una sola misión: cuidar el valor de la moneda y recuperar su independencia”.

El proyecto establece como misión principal del BCRA preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Estado nacional, las provincias y los municipios, además de impedir la compra de títulos públicos en el mercado primario.

También se endurecen las condiciones para remover al presidente y al directorio del BCRA: se exigirá una mayoría de dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.

En cuanto a Inocencia Fiscal, este miércoles a las 11 fue convocado un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con la intención de firmar el dictamen. La iniciativa apunta a reforzar el “tapón fiscal”, limitar la revisión de períodos anteriores por parte de ARCA y ampliar las garantías para que ahorros no declarados ingresen al sistema financiero.

La agenda parlamentaria es amplia y tanto Martín Menem como Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista, buscan acelerar estos proyectos antes de septiembre, para despejar el camino previo al ingreso del Presupuesto 2027, que concentrará la actividad del Congreso en los meses siguientes.