El plan de Mendoza para demoler aguantaderos: ¿qué dice el proyecto que busca aprobar la Legislatura?
¿Sabés qué pasa con las casas abandonadas que usan los delincuentes? Mendoza busca aprobar una ley que permite demolerlas. Conocé los detalles del proyecto.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, envió a la Legislatura un proyecto para crear el Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles. La idea es darle marco legal a la demolición de casas abandonadas o usurpadas usadas por delincuentes, los conocidos 'aguantaderos'.
¿De qué se trata la iniciativa?
La propuesta busca institucionalizar las intervenciones que ya se vienen realizando con los municipios. Según Rus, “lo bueno es que esta herramienta ya la venimos poniendo en práctica”, y ahora se pretende consolidar como política de Estado, más allá de una gestión de gobierno.
El proyecto establece un procedimiento para tapiar, cerrar o demoler inmuebles que funcionen como aguantaderos o se utilicen para ocultar delitos, venta o consumo de drogas. “Tiene como fin principal proteger al vecino y recuperar los barrios para que dejen de ser espacios para el delincuente”, sostuvo la ministra.
Más de 20 intervenciones en el último año
Rus informó que en el último año se realizaron 20 intervenciones administrativas y preventivas: 13 demoliciones y 7 cerramientos. Estas acciones permitieron recuperar espacios donde se detectaron evidencias de consumo de drogas y que respondían a reclamos históricos de los vecinos.
En total, se tramitaron 54 expedientes que derivaron en 20 intervenciones en cinco municipios: Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Ciudad y Maipú. La Provincia tiene convenios específicos con Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Luján de Cuyo, pero el proyecto habilita a actuar sin convenio si hay riesgo grave para la seguridad pública.
Medidas preventivas y procedimiento
La ley permitirá al Ministerio de Seguridad disponer, mediante resolución fundada, medidas como tapiado, clausura parcial o total y, si es necesario por seguridad, demolición controlada. Todas son preventivas, temporales y proporcionales, y no afectan el derecho de propiedad del titular registral.
El proyecto contempla informes técnicos y policiales, notificación a los propietarios, posibilidad de oposición y mecanismos de revisión. También prevé un régimen especial para intervenir de inmediato cuando exista riesgo grave e inminente para las personas o la seguridad pública.
