El plan de Milei para derogar la ley que frena a los terratenientes extranjeros: ¿qué pasará con las tierras?

El gobierno de Javier Milei quiere eliminar la Ley de Tierras Rurales, la normativa que desde 2011 limita la compra de campos por parte de extranjeros. La medida, que busca desmontar el marco regulatorio creado durante el kirchnerismo, reabre un debate que viene de larga data.

La historia de la extranjerización de la tierra en Argentina es larga y tiene varios capítulos. Aunque el tema empezó a tomar relevancia con el peronismo, fue durante el menemismo y después de la crisis de 2001 cuando se aceleró el proceso. Ahora, con la llegada de La Libertad Avanza al poder, el objetivo es deshacer ese andamiaje legal.

Los inicios: del peronismo a la primera ley

Antes de que existiera un marco regulatorio, la compra de tierras por parte de extranjeros era moneda corriente. La gran ola migratoria de 1880 a 1930, que trajo a unos 5 millones de personas al país, hizo que el concepto de extranjerización fuera difícil de aplicar. Recién en 1944, la dictadura de Edelmiro Farrell, con el ascenso de Juan Domingo Perón, sancionó el Decreto-Ley 15.385, que creaba "zonas de seguridad" alrededor de instalaciones militares y estratégicas, donde solo podían tener tierras los "argentinos nativos". Esta norma fue ratificada por ley en 1947.

La falta de censos sobre propiedad extranjera impide saber exactamente qué pasó en las décadas siguientes, pero se estima que la cantidad de hectáreas en manos foráneas fue disminuyendo a medida que los inmigrantes y sus descendientes se integraron al país.

El menemismo y el boom de la extranjerización

El siguiente gran salto se produjo durante el menemismo, en plena ola neoliberal. Carlos Menem modificó la Ley de Inversiones Extranjeras para permitir que los extranjeros invirtieran sin autorización previa y en iguales condiciones que los locales. La Convertibilidad de los años 90, con su dólar barato, arruinó a pequeños productores y favoreció la concentración en manos de grandes terratenientes.

En ese contexto se dieron los casos más emblemáticos. En 1991, Benetton compró unas 900.000 hectáreas en la Patagonia. En 1996, el británico Joe Lewis se hizo con 11.000 hectáreas en Lago Escondido, Río Negro, en una zona de frontera, lo que generó un escándalo porque violaba la ley de zonas de seguridad. En 1997, el estadounidense Douglas Tompkins comenzó a comprar tierras en los Esteros del Iberá y luego sumó más de 100.000 hectáreas en el Litoral y la Patagonia, aunque con fines conservacionistas.

Los relevamientos académicos muestran que entre 1992 y 2001 se vendieron al menos 1.289.000 hectáreas a extranjeros, principalmente en el NOA y el NEA.

La crisis de 2001 y la aceleración

La devaluación del peso a partir de 2002 abarató el costo de las tierras y aceleró el ritmo de compra. Entre 2002 y 2013, las empresas e individuos extranjeros adquirieron al menos 2.621.000 hectáreas, duplicando el ritmo del período anterior. Los años dorados de las commodities agrícolas, a mediados de los 2000, hicieron que los inversores miraran con interés las tierras fuera de la zona núcleo.

El kirchnerismo y la regulación

Fue en este contexto que el kirchnerismo, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, impulsó la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011. La norma estableció un límite máximo del 15% de tierras en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como por provincia y departamento. También ordenó un censo nacional, que se realizó en 2013 y arrojó que 15,8 millones de hectáreas pertenecían a extranjeros, un 5,93% del total. Es decir, lejos del tope.

Desde entonces, el porcentaje nunca se acercó al 15%. Tras un máximo del 6,09% en 2015, un estudio del CONICET y la UBA de enero de este año determinó que la cifra había descendido a "casi un 5%". El último registro oficial, de agosto de 2025, muestra que ninguna provincia supera el tope, siendo Salta la más alta, con un 11,3%.

Por eso, resulta llamativo que el gobierno de La Libertad Avanza quiera eliminar un límite que nunca fue un obstáculo real para la compra de tierras por parte de extranjeros.