El plan de Milei para entregar Fabricaciones Militares a un privado: el pliego que nadie controla

El Gobierno nacional avanza en una privatización encubierta de Fabricaciones Militares, la empresa estatal que provee armas y municiones a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad. A través de una Unión Transitoria (UT), el Estado se asociaría con un privado —presumiblemente extranjero— que controlaría al menos el 51% de la sociedad y tendría poder de decisión casi total sobre la producción, la tecnología y el personal.

El pliego de esta licitación, al que accedió El Destape, revela que la gestión de Javier Milei busca delegar en manos privadas una empresa clave para la defensa nacional, con cláusulas que impiden la reestatización, limitan la producción estatal y dejan a los trabajadores sin garantías laborales. El negocio, que se extendería hasta 35 años, está direccionado hacia grandes contratistas extranjeros, con filtros geopolíticos alineados a Estados Unidos.

¿Cómo se instrumenta la privatización?

La base legal es el DNU 70/2023, que transformó a Fabricaciones Militares de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima, evitando así el debate en el Congreso. Este decreto, redactado por Federico Sturzenegger, es considerado nulo por El Destape, pero la Corte Suprema aún no se expidió sobre su constitucionalidad.

El artículo 20.3 del pliego establece que la participación privada no podrá ser menor al 51%, sin fijar un máximo. De esta manera, el Estado podría quedar con una participación residual y sin control efectivo. Además, el Comité Ejecutivo de la nueva sociedad estará compuesto por 3 miembros del privado y 2 del Estado, con presidente y representante legal designados por el sector privado.

Filtros anti China y pro Estados Unidos

La licitación habilita la participación de empresas extranjeras, pero condicionada a no estar controladas por Estados soberanos (cláusula anti China) y a no figurar en las listas de la OFAC, dependiente del Tesoro de Estados Unidos. Esto implica que el Estado argentino subordina sus decisiones a listas elaboradas en otro país, un filtro geopolítico que favorece a los grandes contratistas de defensa estadounidenses.

El plazo para presentar ofertas se extendió hasta el 4 de noviembre, un día después de las elecciones legislativas en Estados Unidos, donde se juega el futuro del mandato de Donald Trump.

El rol del socio privado

El contrato otorga al privado el control del día a día de la empresa: presupuesto, contrataciones, despidos y juicios se resuelven por mayoría, lo que le da poder de decisión. Las decisiones sobre inversiones, endeudamiento o transferencia tecnológica sensible requieren unanimidad, otorgando al privado derecho a veto.

Desde ATE, los trabajadores advierten: "No hay co-gestión. Hay gestión privada con presencia estatal minoritaria, testimonial y sin capacidad de bloqueo sobre las decisiones ordinarias". Y agregan que "la producción de municiones, armamento, pólvoras, explosivos y cañones de la República Argentina puede quedar bajo la gestión exclusiva de un consorcio privado extranjero".

¿Quién está detrás del negocio?

El presidente de Fabricaciones Militares, Pablo Glöggler, ex CEO de Bodegas Bianchi, fue convocado por el ministro de Defensa, teniente coronel Carlos Presti. En una entrevista con Infobae, Glöggler anticipó el objetivo: "buscamos que una empresa de armas elija Argentina como su hub regional".

Glöggler intentó despejar las críticas sobre la pérdida de soberanía, pero el pliego indica lo contrario. El artículo 24 reconoce la facultad del Estado de redefinir la producción en caso de emergencia, pero ATE señala que "el Estado tendrá el derecho de redefinir el destino de una producción que no controla, que no gestiona, cuyo know-how no domina".

Requisitos que excluyen a la industria nacional

El pliego establece barreras económicas: patrimonio neto de 35 a 70 millones de dólares por ítem, y más de 185 millones para quien quiera quedarse con todo. Además, se exige experiencia de más de 15 años en operación de plantas de armamento y comercialización internacional, algo que ninguna empresa argentina posee.

"Ninguna empresa nacional del sector reúne razonablemente estos requisitos", afirman desde ATE, y agregan que "el pliego, en los hechos, excluye por diseño a la industria nacional y a las cooperativas, y direcciona el resultado hacia un universo estrechísimo de oferentes extranjeros".

¿Qué pasa si un futuro gobierno quiere recuperarla?

El pliego establece que, en caso de reestatización, el Estado deberá pagar la inversión no amortizada más un 10%, un costo que dificulta cualquier intento de recuperación. El punto 42.5 no incluye "lucro cesante", pero aún así, la traba económica es significativa.

Las 4 plantas en juego

Fabricaciones Militares tiene plantas en Río Tercero (químicos, fertilizantes, metalurgia), Azul (explosivos y proyectiles), Fray Luis Beltrán (chalecos, armas y municiones) y Villa María (pólvora y explosivos). La privatización abarca todas las plantas, aunque el pliego permite oferentes distintos para cada una, lo que podría fragmentar la producción de defensa.

Cláusulas que atan al Estado

El artículo 36 prohíbe al Estado competir con la UT, lo que le impide producir armas o municiones por su cuenta. Esta cláusula es ilegal, ya que la defensa es una competencia indelegable del Estado.

Un proceso sin control ni impugnación

El pliego está diseñado para evitar cualquier impugnación: los dictámenes de preselección y evaluación no son vinculantes ni impugnables, y el directorio designado por Milei tiene la última palabra. Una vez adjudicado, se puede impugnar pero con un pago de 5 millones de dólares que no se devuelven si el reclamo es rechazado.

Los trabajadores también están en alerta: no hay cláusulas que garanticen su continuidad laboral. El privado podrá definir quién sigue y quién no, mientras que las indemnizaciones y los sueldos serán solventados por el Estado, aunque la gestión quede en manos privadas.