El plan de Milei para frenar el petróleo en Malvinas: qué es el juicio en ausencia

El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional que enviará al Congreso un proyecto de ley para defender la soberanía sobre las Islas Malvinas. Entre las medidas, la más llamativa es la aplicación del juicio en ausencia contra quienes participen en operaciones no autorizadas en el archipiélago, como la explotación petrolera.

La figura, que ya existe en la Argentina desde 2025 para casos de terrorismo y lesa humanidad, daría un salto a un terreno inédito: los delitos económicos vinculados a los recursos naturales en un territorio en disputa.

Qué dijo Milei

En su discurso, el mandatario advirtió que el reclamo soberano enfrenta “un peligro claro y urgente”. Señaló que el proyecto petrolero offshore Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, ya tiene fecha para iniciar la extracción y que, “si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”.

Además del envío de la nueva ley, Milei firmó un decreto para agilizar las sanciones de la Ley 26.659 y un DNU para crear una base naval en Tierra del Fuego.

Según el anuncio, el proyecto modifica la ley vigente para endurecer las penas a compañías y proveedores, inhabilita a los infractores a contratar con el Estado y habilita el juicio en ausencia.

Qué es el juicio en ausencia

Hasta ahora, esta herramienta procesal no se contemplaba para delitos económicos ni para empresas. La Ley 27.784, impulsada por el propio Gobierno y sancionada el 20 de febrero de 2025, la restringía a un listado concreto: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y otras agresiones al Estatuto de Roma, además de los delitos tipificados en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

La norma establece que el juicio en ausencia será aplicable “únicamente en aquellas causas en las que se investigue la comisión de delitos cometidos en el territorio nacional, o cuando sus efectos se produzcan en el mismo o en los lugares sometidos a su jurisdicción, o bien cuando se cometan en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo”.

Para que se active, se exige que exista un imputado rebelde, que haya tenido conocimiento del proceso y que se hayan hecho intentos razonables de captura. También se garantiza la defensa técnica, el registro audiovisual del debate y la posibilidad de repetir el juicio si el acusado finalmente aparece.

El antecedente de la AMIA

La primera aplicación de esta figura en el país fue en la causa AMIA. El juez Daniel Rafecas la habilitó en junio de 2025 contra prófugos iraníes y libaneses, y la Cámara Federal confirmó el criterio. En mayo de este año se ordenó avanzar hacia el juicio oral.

En su fallo, Rafecas sostuvo que los acusados fueron declarados rebeldes hace años y que nunca respondieron a los pedidos de extradición “a pesar de saber perfectamente que están siendo buscados”.

La investigación sostiene que el atentado fue planificado desde las más altas esferas del régimen iraní, con apoyo logístico y operativo de Hezbollah en la Argentina y en la Triple Frontera.

Los acusados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

El 10 de septiembre próximo, la Cámara de Casación escuchará el planteo de inconstitucionalidad presentado por la defensa oficial.