El plan de Milei para habilitar la compra de lagos y fronteras: qué dice la ley que quiere derogar
¿Sabés qué implica la Ley de Tierras que Milei quiere derogar? El Senado debate una reforma que podría cambiar el mapa de la propiedad rural. Los detalles que nadie te contó.
El próximo jueves 6 de agosto, el Senado definirá el futuro de la Ley de Tierras. El oficialismo impulsa su derogación para reemplazarla por un proyecto que, según críticos, abriría la puerta a la extranjerización de territorios estratégicos.
La iniciativa, denominada "inviolabilidad de la propiedad privada", busca eliminar los límites que hoy restringen la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Organizaciones sociales y sectores de la oposición advierten que esto podría comprometer la soberanía nacional.
¿Qué establece la ley vigente?
La Ley 26.737, conocida como Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, rige desde diciembre de 2011. Su objetivo es preservar el control argentino sobre recursos como el agua dulce, los suelos productivos y las zonas de frontera.
Entre sus principales disposiciones, la norma fija un tope del 15% para la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros, tanto a nivel nacional como provincial. Además, ninguna nacionalidad puede superar el 30% de ese porcentaje, y un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola.
El artículo 10 de la ley prohíbe expresamente que extranjeros adquieran tierras que contengan cuerpos de agua permanentes o que se ubiquen en zonas de frontera. La definición de "extranjero" incluye a personas físicas no argentinas, empresas con más del 51% de capital foráneo, sociedades controladas en más del 25% por capital externo y fideicomisos con participación extranjera significativa.
¿Qué propone el proyecto de Milei?
La reforma oficialista contempla la derogación de la ley de 2011 y la eliminación del tope del 15% de extranjerización. También busca eliminar el límite de 1.000 hectáreas por propiedad y habilitar la compra de territorios estratégicos como lagos, acuíferos, cordillera minera y zonas de frontera.
El proyecto modifica el decreto-ley de 1944 sobre tierras en frontera y deroga el artículo 10 que protege los cuerpos de agua permanentes. A su vez, permite que ciudadanos y sociedades privadas compren tierras, aunque restringe la participación de Estados extranjeros y empresas estatales.
La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas que incluyen la flexibilización de la ley de glaciares, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la ley de lobby y la ley de sociedades anónimas. Según los críticos, estas medidas favorecerían a las inversiones extranjeras en detrimento de la soberanía argentina.
