El plan de Milei para reestructurar el empleo público: qué cambia en ingresos, ascensos y salarios

El Gobierno nacional ultima los detalles de una ambiciosa reforma del empleo público que promete sacudir los cimientos de la administración central. La Casa Rosada quiere modificar las reglas de juego para ingresar, ascender y cobrar en el Estado, y ya busca sentar a los gremios en la mesa de negociación.

La iniciativa, que impulsa el presidente Javier Milei, apunta a redefinir la carrera de los empleados públicos con un eje claro: que el desempeño individual pese más que la antigüedad. Sin embargo, el propio oficialismo admite que el camino no será sencillo.

¿Qué propone el Gobierno?

Según pudo saber TN, el Ejecutivo trabaja en cambios concretos sobre los mecanismos de ingreso y permanencia en la administración nacional. También se revisarán las evaluaciones de desempeño, las condiciones para ascender, la movilidad entre áreas y la composición de los ingresos según funciones y resultados.

En Balcarce 50 aclaran que la letra fina todavía no está cerrada, pero que el objetivo es que el rendimiento laboral tenga una incidencia mayor en el desarrollo de la carrera y en las remuneraciones. “La reforma puede instrumentarse por vía administrativa y no requiere una ley específica”, sostienen en Nación, aunque reconocen que antes deberán modificarse aspectos del convenio colectivo.

La negociación con los gremios: el principal escollo

El principal condicionante para llevar adelante esta reforma es la negociación gremial. La Ley 24.185 establece que las condiciones laborales de los empleados de la Administración Pública Nacional se negocian entre el Estado y las asociaciones sindicales con personería gremial, a través de comisiones negociadoras generales o sectoriales.

“Requiere cambiar el convenio, así que estamos lejos”, expresan en Nación, mientras que desde ATE aseguran que todavía no recibieron ninguna convocatoria formal para discutir el tema. “Sólo han convocado a discutir los convenios colectivos de organismos del Estado que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, que se vieron alcanzados por la reforma laboral. El PAMI, ANSES, entre otros. No es el caso de la Administración Pública central”, señalaron desde el gremio.

El canal institucional, de todos modos, ya está operativo: en las negociaciones del SINEP realizadas este año participaron representantes del Ministerio de Desregulación, Jefatura de Gabinete y Economía por el Estado, y de UPCN y ATE por el sector gremial.

Qué dice la ley actual

El empleo público nacional está regulado principalmente por la Ley 25.164, el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional (decreto 214/2006) y, para buena parte de la administración, por el convenio sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado mediante el decreto 2098/2008.

La legislación actual ya contempla que el ingreso debe realizarse mediante mecanismos de selección que acrediten idoneidad, y que la carrera debe incorporar criterios de mérito, eficiencia, eficacia, rendimiento y capacitación. Para acceder a la estabilidad, el régimen general exige un período de prueba de 12 meses, evaluaciones satisfactorias y el cumplimiento de los requisitos del puesto.

También existe una relación entre evaluación y ascenso: en el SINEP, la promoción de grado requiere acreditar tres evaluaciones no inferiores a “bueno” o dos calificaciones superiores, además de actividades de capacitación. Es decir, la discusión no pasa por incorporar por primera vez evaluaciones de desempeño, sino por cambiar su funcionamiento y el peso que tienen dentro de la carrera administrativa.

Los límites de la vía administrativa

El Gobierno insiste en que la reforma puede salir por decreto, pero la Ley 25.164 fija derechos y garantías mínimos que no pueden ser reducidos en perjuicio de los trabajadores mediante una negociación colectiva. Si el Ejecutivo pretendiera alterar aspectos reservados directamente a esa ley, ya no alcanzaría con modificar el convenio: debería intervenir el Congreso.

En Nación transmiten que buscan mantenerse dentro de las herramientas convencionales y reglamentarias. Por eso, la reforma del empleo público avanza por un carril distinto de la reforma del Estado que prepara el Ministerio de Desregulación, que sí contempla una revisión “integral” de organismos, competencias y estructuras, y que la Casa Rosada prevé enviar al Congreso.

La separación entre ambas reformas tiene una explicación jurídica: la estructura orgánica de la Administración Pública y las facultades de dirección del Estado están expresamente excluidas de las materias sujetas a negociación colectiva. En cambio, la estructura de la carrera, el escalafón y otras condiciones laborales sí pueden negociarse.

El presidente Milei volvió a poner el tema en agenda durante una entrevista en la que aseguró que Federico Sturzenegger trabaja en una reconsideración de la carrera del sector público. El mandatario planteó que el objetivo es revisar la clasificación de los agentes y establecer un esquema en el que el desempeño tenga una incidencia mayor sobre el desarrollo de la carrera y las remuneraciones.