El plan de Milei para vaciar el Estado: el número que ATE no piensa firmar

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó su rechazo a la puerta misma de la residencia presidencial. Este miércoles, el gremio se movilizó a la Quinta de Olivos contra el programa de retiros voluntarios que el Gobierno oficializó mediante el decreto 1203/26 y contra el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el que se pretende costear esas salidas.

Para la conducción sindical, se trata de un "nefasto programa" y de un "negociado multimillonario" destinado a profundizar el ajuste sobre la estructura estatal.

El reproche por los viajes presidenciales

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, apuntó además contra la ausencia de Javier Milei de las sedes de Gobierno. "Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos. Se fue de nuevo a España sin una agenda oficial. Con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional", disparó.

El dirigente también llamó a los trabajadores a no adherir al régimen: "No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios. Este decreto es un negociado multimillonario. Si firmamos, no sólo estaremos perdiendo derechos logrados a través de los años sino que estaremos avalando que a través de sus consultoras (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo se sigan llenando de plata".

Despidos, contratos y organismos vaciados

La denuncia del gremio no se limita al plan de retiros: ATE advirtió sobre despidos, la no renovación de contratos, la reducción de puestos permanentes, la incertidumbre laboral y el cierre o vaciamiento de organismos públicos.

"Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones. Este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública", sostuvo Aguiar.

Y sobre el financiamiento del BID fue tajante: "Endeudarse con el BID para financiar estos despidos es un delito. Está prohibido tomar deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente como piensan hacerlo".

Qué dice el decreto que rechazan

El programa de retiros voluntarios alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores de la administración pública nacional. Según la normativa, quienes adhieran no podrán reingresar al Estado durante ocho años, y los cargos que queden vacantes no volverán a cubrirse.

La medida forma parte de la estrategia de reducción del empleo público que la gestión libertaria impulsa desde su llegada al poder. De acuerdo con datos oficiales citados por el Gobierno, de los aproximadamente 341.000 empleados que integraban la administración pública nacional al inicio de la gestión, ya salieron de la planta cerca de 72.000 personas.

El objetivo oficial es profundizar ese proceso y llegar a una reducción equivalente al 25% de la estructura estatal nacional hacia fin de año.

A su vez, el Gobierno reglamentó mediante el decreto 1177/26 una línea de crédito con el BID por más de 800 millones de dólares con distintos objetivos, de los cuales 300 estarían destinados a solventar los costos de los retiros voluntarios.