El plan de Milei que chocó contra la calle: represión, derrota en el Senado y una amenaza de EE.UU.

La madrugada del viernes dejó una imagen demoledora para el gobierno de Javier Milei: mientras el Senado aprobaba con lo justo un proyecto que blinda la propiedad privada, afuera la represión dejaba más de 1.500 heridos y un escándalo político que no tiene precedentes. Pero la derrota no fue solo en las calles: el oficialismo perdió dos capítulos clave de su ley, incluido el que habilitaba la extranjerización de tierras. Y como si fuera poco, en paralelo, la embajada de Estados Unidos presionaba a una cooperativa neuquina para que rompa un contrato con una empresa china.

El Senado dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 37 votos contra 33, pero el oficialismo tuvo que resignar partes centrales de su plan. El texto que facilitaba la compra de tierras por extranjeros cayó por falta de apoyo entre los propios aliados, y sobre la hora también se eliminó el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego para permitir un cambio rápido de uso en terrenos incendiados.

Lo que sí sobrevivió es una reforma que preocupa a miles de inquilinos: habilita desalojos por la vía sumarísima y reduce a diez días el plazo para regularizar una deuda antes de enfrentar el desalojo. El senador Mariano Recalde lo resumió con precisión: "El texto incluye en los desalojos exprés a los inquilinos con contrato, apenas por atrasarse en el pago del alquiler, en un país donde buena parte de la población no llega a fin de mes".

Represión y contradenuncias

La escena afuera del Congreso fue de terror. La Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia penal contra autoridades políticas, policías de la Ciudad y agentes federales por una represión que calificó entre las más crueles de los últimos meses: más de 1.500 heridos, 100 granadas de gas lanzadas, 40 personas alcanzadas por postas de goma y 28 detenciones.

Una fotorreportera resultó herida de gravedad tras un disparo policial en la esquina de Lima y Avenida de Mayo, un episodio que remitió a lo sucedido con el fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de jubilados de marzo de 2025. El gobierno, lejos de dar explicaciones, respondió con una contradenuncia por atentado al orden constitucional, en un intento de criminalizar la protesta que, según el CELS, repite un patrón: cada vez que hay una discusión central en el Congreso y un rechazo social contundente, aparece una represión desbordada.

La amenaza del embajador

Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, escaló su gestión intervencionista sobre una cooperativa eléctrica de Neuquén. En una carta al presidente de CALF, Marcelo Severini, acusó a la empresa china Huawei de responder al Partido Comunista Chino y exigió que la cooperativa cancele el contrato de fibra óptica que mantiene con esa firma.

La misiva no se detiene en la advertencia diplomática: ratifica la posibilidad de retirar visas o impedir el ingreso a Estados Unidos a los directivos de CALF si no dan marcha atrás, y pide además conocer con detalle las compras tecnológicas que la cooperativa planifica para el futuro. Es decir, exige terminar un contrato vigente y, al mismo tiempo, conocer de antemano decisiones comerciales que todavía no se tomaron.

CALF respondió con una carta en la que acepta reunirse con la embajada pero exige pruebas concretas del vínculo que Lamelas atribuye a Huawei con el gobierno chino. "Si esa información existe, la Cooperativa tiene derecho a conocerla", planteó la entidad, y advirtió que de lo contrario se estaría pidiendo a una cooperativa argentina que revierta una decisión de sus propios órganos de gobierno sin un solo fundamento verificable. China, por su lado, acusó a Washington de chantaje de visados.

Vaca Muerta en la mira

La presión sobre CALF no es un hecho aislado. El propio embajador escribió en redes que se trata de una cuestión de seguridad nacional tanto para Estados Unidos como para Argentina y para las empresas que invierten en Vaca Muerta, y ofreció ayuda para identificar proveedores "confiables". Un discurso similar escuchó el canciller Pablo Quirno hace dos semanas en Washington, durante la exótica "cumbre antiterrorismo de izquierda" convocada por el Departamento de Estado.

La suma de presión comercial, amenaza migratoria y cooperación de inteligencia dibuja un mapa donde la soberanía tecnológica de una cuenca estratégica como Vaca Muerta queda supeditada a Washington, sin un marco regulatorio propio que discuta con autonomía qué proveedores conviene incorporar.

Y las consecuencias ya se sienten en el territorio. Halliburton, la petrolera de capitales estadounidenses, pidió a sus proveedores locales una rebaja de hasta el 23% sobre los contratos vigentes entre agosto y diciembre. El sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa calificó la medida como una calamidad y advirtió que pone en riesgo tanto a las pymes regionales como al empleo. Marcelo Rucci, secretario general del gremio, fue directo: "Una compañía que factura más de 500 millones de dólares por trimestre no puede pretender que una pyme neuquina de 30 empleados resuelva su propio problema de competitividad".

La Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo se sumó al reclamo y pidió una mesa de diálogo, con el temor de que la rebaja de Halliburton se replique en otras operadoras de la cuenca. Relevamientos del sector industrial petrolero vienen registrando que alrededor del 16% de las pymes proveedoras despidió personal en los últimos períodos, en un contexto de alta capacidad ociosa y costos en dólares que erosionan cualquier margen. El contraste es elocuente: Vaca Muerta bate récords de producción mientras la cadena de pymes que la sostiene en el territorio absorbe el ajuste de las corporaciones que operan con escala global.

Un hilo rojo conecta el debate sobre la tierra, la represión en el Congreso, la presión diplomática sobre CALF y el ajuste sobre las pymes de Vaca Muerta: son aristas del modelo de gestión de la soberanía que entrega decisiones estratégicas -sobre la tierra, la infraestructura de datos, los proveedores tecnológicos, el reparto de la renta petrolera- a actores externos o a corporaciones concentradas, mientras reprime en la calle a quienes de verdad resisten el reparto y complican el plan de enajenación total.