El plan de Misiones para controlar los celulares en las cárceles: qué pasa con los que aparecen sin autorización

Mientras el Gobierno nacional impulsa un mecanismo para bloquear celulares clandestinos en penales, Misiones decidió mantener su propio esquema. El Servicio Penitenciario Provincial asegura que el sistema actual funciona y que no tiene apuro en sumarse a la nueva medida.

El alcaide general René Alfredo Ledesma, jefe de la División Régimen Correccional, explicó en FM 89.3 Santa María de las Misiones que las ocho unidades penitenciarias de la provincia ya cuentan con un protocolo de llamadas que nació en plena pandemia y que desde entonces no dejó de ajustarse.

“Nosotros por ahora seguimos con nuestro sistema”, afirmó Ledesma, quien destacó que el mecanismo vigente “funciona” y que fue evolucionando desde 2020.

¿Quiénes pueden tener celular?

No todos los internos tienen permitido el acceso a un dispositivo. La autorización se analiza caso por caso, especialmente en situaciones donde la persona privada de la libertad tiene poco contacto con su familia o enfrenta dificultades para recibir visitas.

En ese proceso interviene el servicio social de cada establecimiento. Una trabajadora social elabora un informe sobre la situación del interno y luego el personal penitenciario evalúa si corresponde habilitar el uso del equipo. Si se concede el permiso, la familia debe presentar la factura del celular.

Además, la provincia avanza en el reemplazo progresivo de los smartphones por teléfonos analógicos, similares a los antiguos, con funciones mucho más limitadas. La idea es reducir las posibilidades de acceso a redes sociales y otras herramientas digitales, sobre todo en casos de personas condenadas por delitos cometidos a través de la tecnología.

Dos horas diarias y bajo custodia

Los celulares autorizados no quedan en manos de los internos durante todo el día. El teléfono y su chip permanecen resguardados por el Servicio Penitenciario y se entregan únicamente en el horario establecido.

“Los internos desarrollan su horario de teléfono en las unidades dos horas por día”, indicó el funcionario. En la mayoría de los penales, el uso está previsto entre las 18 y las 20, aunque pueden existir excepciones justificadas, como la enfermedad de un familiar o los horarios laborales de quienes están afuera.

Esos casos especiales también deben ser constatados por el servicio social.

Compromiso firmado y sin redes sociales

Antes de usar el teléfono, el interno firma un acta de compromiso donde se establece que el dispositivo será utilizado exclusivamente para comunicarse con familiares y con su defensor. Ese vínculo se considera clave tanto para el contacto afectivo como para la relación con la Justicia.

El compromiso incluye la prohibición de usar redes sociales y billeteras virtuales. Al terminar el horario, el interno debe informar a quién llamó y la comunicación queda registrada en un libro de llamadas. El Servicio Penitenciario también realiza controles aleatorios de los dispositivos para verificar que se cumplan las condiciones.

Ledesma aclaró que el personal no manipula directamente los celulares: se le pide al propio interno que encienda el aparato y muestre su contenido para comprobar que no haya aplicaciones o usos prohibidos.

¿Qué pasa si aparece un celular no autorizado?

Cuando durante una requisa se encuentra un equipo que no forma parte del sistema autorizado, el procedimiento cambia. El dispositivo es incautado y se intenta determinar quién es su dueño. Si alguien se responsabiliza, se procede al secuestro y se da intervención a la Justicia.

Los equipos autorizados son fácilmente identificables porque están registrados y bajo custodia penitenciaria junto con sus chips. Es precisamente sobre los dispositivos clandestinos donde podría tener incidencia el nuevo esquema nacional, en caso de que Misiones decida adherirse.

Consultado sobre una eventual adhesión, Ledesma evitó anticipar una definición, aunque defendió el sistema actual. “A nosotros nos funciona”, sostuvo, y recordó que el modelo se fue perfeccionando desde la pandemia y que la incorporación de teléfonos analógicos ayudó a reducir el acceso a redes y herramientas digitales.

Para el funcionario, la política penitenciaria no se limita al control tecnológico. “Acá son personas que se han equivocado en la vida y hay que ir controlándolos y darles la oportunidad de que cambien”, expresó.

En ese sentido, destacó dos herramientas fundamentales dentro de las unidades: la educación y la familia. “Si verdaderamente no tiene contacto con la familia o los seres queridos, no va a salir una persona mejor de lo que entró”, concluyó.

De esta manera, mientras cada jurisdicción analiza sumarse al mecanismo nacional, Misiones mantiene su esquema de comunicaciones controladas, basado en dispositivos registrados, horarios restringidos, custodia penitenciaria y seguimiento individual de los internos autorizados.