El plan de Neuquén para blindar sus tierras productivas: ¿qué cambios trae?

La Legislatura neuquina analiza un proyecto que busca proteger las tierras productivas y bajo riego. ¿Qué zonas abarca y qué restricciones impone? Los detalles que nadie contó.

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El plan de Neuquén para blindar sus tierras productivas: ¿qué cambios trae?
El plan de Neuquén para blindar sus tierras productivas: ¿qué cambios trae?

Un proyecto de ley que busca frenar la pérdida de suelo productivo y proteger las tierras bajo riego ya está en la Legislatura de Neuquén. La iniciativa, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, declara de interés público provincial la protección, conservación, recuperación y uso sustentable de estos terrenos, tanto públicos como privados.

El texto parte de una premisa clara: el suelo productivo es un recurso escaso, limitado y no renovable. Con esa base, propone un marco regulatorio para ordenar su uso frente a la expansión de otras actividades, como la petrolera y la urbana.

¿Por qué surge esta ley?

La iniciativa llega después de un dato alarmante: durante 2025 se perdieron 663 hectáreas de superficie frutícola en la provincia. A eso se suma la presión que ejercen las bases petroleras, talleres y servicios logísticos sobre las chacras.

El crecimiento poblacional también juega en contra. Entre 2010 y 2020, la cantidad de habitantes pasó de 471.409 a 540.909, mientras que la huella urbana aumentó de 12.460 a 18.083 hectáreas, un incremento del 45 por ciento.

Qué dice el secretario de Producción

Durante la presentación ante la Comisión de Producción, Industria y Comercio, el secretario Diego García Rambeau destacó el alcance de la propuesta. "Para nosotros es de mucha importancia la decisión que ha tomado el gobernador Rolando Figueroa de impulsar un proyecto que tiene como principal objetivo la protección y el resguardo de tierras bajo riego y drenaje", afirmó.

Y agregó: "Esas tierras cuentan con los suelos más productivos de nuestra provincia. Suelos que no se generan de un día para el otro, sino que son parte de un proceso agropecuario y biológico que hizo posible que hoy tengan un alto valor para nosotros, pero también para el país".

El funcionario también se refirió al futuro post Vaca Muerta: "La idea es que esta ley nos dé garantías, a los neuquinos, sobre lo que viene después de Vaca Muerta, que es continuar con una matriz que tendrá al turismo y a la producción como principales ejes de desarrollo".

¿A quiénes alcanza la ley?

La norma aplica a todas las superficies con aptitud productiva y bajo riego, incluso si no están en producción al momento de su entrada en vigencia. También incluye terrenos con sistemas de riego y drenaje existentes o con aptitud agrícola reconocida oficialmente.

El proyecto establece un piso legal provincial de protección y una cláusula de no regresión, que impide que normas de igual o menor jerarquía reduzcan los estándares fijados. Los municipios y comisiones de fomento podrán elevar ese nivel de protección con medidas propias.

Zonas y restricciones

La iniciativa divide el territorio en dos zonas: la Zona de Protección Prioritaria, donde se permitirá producción agropecuaria estricta, y la Zona de Uso Condicionado, que admitirá ciertos usos bajo evaluación, eficiencia hídrica y criterios de sustentabilidad.

Además, fija reglas para la subdivisión de unidades y otorga carácter intangible a la infraestructura hídrica, como canales, acequias, compuertas, sifones y drenes. Se restringen los loteos y cambios de destino hacia usos residenciales, industriales, turísticos o de servicios, salvo excepciones previstas.

¿Quién controlará el cumplimiento?

La Secretaría de Producción e Industria será la autoridad de aplicación, con facultades para fiscalizar, elaborar planes de manejo y aplicar sanciones. También será responsable de la cartografía oficial de las áreas bajo riego.

El proyecto prevé inspecciones con monitoreo remoto y controles presenciales, además de un fondo para rehabilitar drenajes, modernizar sistemas de medición y telemetría, tecnificar el riego y atender problemas de salinización y anegamientos.

La ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial, y la reglamentación de los procedimientos técnicos y mecanismos de fiscalización tendrá un plazo máximo de 180 días.

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