El plan de retiros voluntarios en San Juan: ¿una motosierra light con impacto político?

El gobierno de San Juan prepara un plan de retiros voluntarios para empleados estatales, una medida que busca reducir la planta de personal y que ya genera debate. La decisión está tomada, pero faltan definiciones clave sobre plazos y alcance.

La administración de Marcelo Orrego, definida por algunos como heterodoxa, combina regulaciones como la ley de Desarrollo Minero con un ajuste en el Estado provincial. El objetivo es achicar el número de trabajadores públicos, que pasó de 36.000 a 50.000 entre 2019 y 2023, unos 14.000 más.

¿Quiénes podrán acceder al retiro?

El plan está destinado, entre otros, a quienes estén próximos a jubilarse y quieran dejar el Estado. Pero el vicegobernador Fabián Martín dio otra pista: también podrán sumarse los que tengan vocación emprendedora y quieran avanzar en la actividad privada.

“Tenemos que entender que en la actividad pública ya no podemos, ya hay muchos empleados, está sobredimensionada en cierta forma y tenemos que buscar otro camino, que es la actividad privada”, dijo Martín cuando se conoció la noticia.

A diferencia del ajuste de Javier Milei, este plan será voluntario y tendrá acompañamiento del Estado. A quienes opten por el retiro y les falte poco para jubilarse, se les abonará una parte del salario hasta que comiencen a cobrar la jubilación.

El rol de la minería y el sector privado

En el Gobierno provincial están convencidos de que el sector minero será clave para absorber a los trabajadores que dejen el Estado. Los análisis indican que el número de empleados que sobran en San Juan ronda las 10.000 personas.

Si se concretan los proyectos mineros y la economía nacional crece, el empleo podría aumentar en San Juan un 5% promedio por año, unos 12.500 puestos de trabajo, registrados y no registrados. Sin embargo, los números fríos muestran que no todos los que dejen su empleo estatal estarán en condiciones de trabajar en la minería u otros rubros.

Las proyecciones del Producto Bruto Geográfico (PBG) son optimistas: hoy ronda los 7.500 millones de dólares y en cinco años llegaría a unos 11.000 millones, gracias a las inversiones mineras. Hoy la provincia tiene casi 15.000 desocupados, pero se crearían unos 4.000 empleos anuales, llegando al 2031 a no tener desocupados prácticamente.

La realidad económica actual

Más allá de las proyecciones, la realidad muestra que la actividad económica creció solo un 0,2% en un año. En mayo de 2025, el crecimiento anual era del 6,1%. Esto genera dudas sobre la capacidad del sector privado para absorber a los estatales.

El costo político del ajuste

La administración provincial también enfrenta desafíos políticos. Muchos creen que el retiro voluntario no se implementará en diciembre y podría quedar para un eventual segundo mandato de Orrego. Tomar esta medida durante la “luna de miel” habría sido más fácil, pero ahora, tras una derrota electoral en las elecciones de medio término, todo es más complejo.

No será fácil hacer campaña sabiendo que el Estado debe desprenderse de 10.000 personas. La oposición podría usar ese dato a su favor. Además, el efecto “motosierra” de Milei no ha reportado grandes ventajas en los ingresos del ciudadano común. Una encuesta de la consultora QSocial señala que el 50% de los consultados no tienen resto para esperar los beneficios de las medidas económicas del presidente.

Otro imponderable son las contrataciones mineras. Si bien Orrego avanzó con la ley para priorizar empresas y trabajadores locales, hay obras de gran envergadura que difícilmente puedan ser realizadas por empresas sanjuaninas. Eso también conspira contra la absorción de los 10.000 puestos de trabajo.

El desafío para Orrego es enorme: no solo se trata de recortar personal, sino de garantizar la eficiencia y calidad de los servicios del Estado. No siempre con más gente se prestan mejores servicios, pero tampoco con menos personas se asegura eficiencia. La decisión está tomada, pero el camino es incierto.