El plan de San Juan para los menores que cometen delitos: la detención como último recurso

El asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, confirmó que la provincia avanza en la implementación del régimen penal juvenil, una norma que prioriza la reinserción por sobre el castigo. Tras una reunión en Casa de Gobierno, el funcionario dio detalles del encuentro y aseguró que el Instituto Nazario Benavídez no colapsará.

Según explicó Ferrari en una entrevista con La MIL 20, la reunión convocó a autoridades judiciales, legislativas y del área social para coordinar la puesta en marcha de la nueva normativa. Del encuentro participaron la jueza María Julia Camus, la defensora oficial de menores López, el diputado Córdoba, el subsecretario de Seguridad Villavicencio, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia Trincado, el doctor Fernando Castro y Daniel Molina, referente local de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación.

Qué se definió en la reunión

Durante la jornada se analizó el proyecto complementario que presentó de manera provisoria la Corte de Justicia local, mientras se espera el código definitivo que prepara la Asesoría Letrada. La coordinación apunta a definir cómo se aplicarán las medidas previstas para menores en conflicto con la ley.

Ferrari remarcó que la ley no tiene un enfoque punitivo, sino que su eje está en la reinserción del menor. En ese marco, mencionó como alternativas a la privación de la libertad la reparación integral, la mediación y las tareas socioeducativas junto a la Dirección de Niñez. Así, la detención queda como última opción dentro del sistema de respuesta estatal.

Qué pasa con el Instituto Nazario Benavídez

Consultado sobre la capacidad de alojamiento, el funcionario indicó que la institución no va a colapsar y que las obras de refacción y adecuación de sanitarios por seguridad están casi terminadas. Además, afirmó que la estadística muestra que solo el 2% de los delitos son cometidos por menores. Según esa proyección, las instalaciones actuales alcanzarían para aplicar medidas no privativas de la libertad sin necesidad de una ampliación inmediata.

Ferrari agregó que el código definitivo sobre la materia está en elaboración en la Asesoría Letrada, por lo que la implementación quedará atada a ese texto y a la coordinación con la Justicia. En paralelo, el Gobierno provincial anticipó un proyecto de ley para transparentar la adjudicación y la escrituración de viviendas del IPV, aunque no se detallaron plazos ni alcances de esa iniciativa.