El plan de Viedma para deshacerse de los autos que nadie reclama

El Concejo Deliberante de Viedma tratará este miércoles un proyecto que busca declarar la Emergencia Ambiental y Sanitaria en el predio donde se acumulan vehículos secuestrados, ubicado cerca del aeropuerto Gobernador Castello. La medida apunta a descomprimir un espacio que hace tiempo está al límite.

La iniciativa, que se analizará en la sesión de hoy, permitiría acelerar el proceso sobre autos y motos que llevan más de seis meses depositados en el lugar. La idea es compactar aquellos rodados que ya no sirvan y recuperar los que todavía puedan tener utilidad.

Un año para liberar el predio municipal

La emergencia tendría una vigencia de doce meses y funcionaría como complemento de la Ordenanza N° 7881, que ya fija los pasos para la descontaminación, el desguace y la compactación de los vehículos. La diferencia clave es que, con esta nueva norma, el Ejecutivo podría disponer de aquellos automóviles cuyo secuestro o retiro supere los seis meses.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo central es reducir la acumulación extrema que hoy dificulta el inventario y que, además, genera riesgos ambientales por la presencia de fluidos y organismos infecciosos como roedores e insectos.

Qué pasa antes de compactar

Antes de avanzar con la compactación, se realizará un cruce de datos con los registros policiales de Río Negro para descartar que los vehículos estén vinculados a causas penales o que sus propietarios puedan reclamar la titularidad.

También se publicará el listado de los rodados que serán compactados, tanto en el Boletín Oficial como en un diario de circulación local. Los posibles dueños o terceros interesados tendrán cinco días hábiles para presentarse. Si no aparece ningún impedimento, los vehículos podrán seguir con el proceso de descontaminación, desguace y compactación.

De la chatarra a recursos públicos

El proyecto contempla además que el Ejecutivo evalúe la cesión de aquellos vehículos que todavía estén en condiciones de circular a entidades de bien público. En esa misma línea, se prevé destinar las bicicletas secuestradas a estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro que tengan dificultades para trasladarse.

Si los rodados terminan convertidos en chatarra y se venden, los fondos que se obtengan deberán sumarse a los recursos de la Agencia Local de Seguridad Vial, tal como lo establece la ordenanza vigente.