El plan de Weretilneck para los estatales endeudados: el tope que se viene y el mes en que se aplica

El gobierno de Río Negro pondrá un freno a las retenciones que licúan los salarios de los empleados públicos endeudados. La medida llega con un tope máximo y un esquema de renegociación de deudas con mutuales, sindicatos y entidades financieras. El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, confirmó a Río Negro que el decreto se formalizaría en los próximos días y empezaría a regir con los haberes de noviembre.

Hoy no existe ningún límite. El nivel de endeudamiento es tal que miles de agentes terminan con salarios netos de cero, o directamente sin cobrar nada, porque los descuentos se comen todo. La foto que acompaña esta nota muestra esa realidad: retenciones sin techo.

El tope que se estudia

El porcentaje máximo todavía está bajo análisis. En el gobierno manejan dos alternativas: un límite de entre el 30% y el 33% de los haberes, o un tope del 50% con un esquema progresivo de reducción. La referencia de Sánchez a la “restitución de un tope” remite al decreto N° 1485 de 2018, que fijó un máximo del 50%, nunca se aplicó y fue derogado en 2020 por la norma N° 1186.

El año pasado, Hacienda informó a la Legislatura que casi 19.000 agentes del Poder Ejecutivo tenían alguna retención a favor de entidades con códigos autorizados. Es un tercio del personal, con porcentajes y apremios distintos.

A fines de agosto, durante una actividad en Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck ya había reconocido su “preocupación” por el endeudamiento de los estatales y anticipado que preparaba medidas para el sector.

Renegociar montos y plazos

El segundo eje del plan son los convenios con los acreedores. En las últimas semanas, Sánchez se reunió con representantes de mutuales, sindicatos y entidades financieras que cobran directamente de las liquidaciones salariales las cuotas de los créditos otorgados a los agentes.

En esos encuentros se analizó la posibilidad de que las entidades acepten renegociar los montos adeudados y extender los plazos de pago. La mayoría habría manifestado su conformidad, aunque el paso decisivo será la convocatoria formal y la firma de los acuerdos, previstos para octubre.

En el gobierno confían en que las entidades revisen sus créditos con pautas generales pactadas, pero las negociaciones serían individuales y voluntarias para cada agente. Un argumento a favor es la preocupación de los propios acreedores por la morosidad: en algunos casos, los salarios no alcanzan para cubrir todas las retenciones autorizadas por la multiplicidad de cesiones.

La Provincia tiene además una herramienta de presión: suspender los códigos de descuento para nuevas operaciones a las entidades que rechacen la revisión de las condiciones de endeudamiento.

Un centro de autorización

El tercer eje será la puesta en marcha de un centro de autorización de endeudamiento. Su función será intervenir en las consultas por nuevas operaciones y verificar el nivel de compromisos financieros de los agentes antes de habilitar nuevos préstamos.

La idea es evitar que los empleados acumulen descuentos por encima de su capacidad de pago y que las retenciones comprometan una porción excesiva de sus haberes. La falta de un mecanismo de control de ese tipo fue uno de los fundamentos que usó la Provincia en 2020 para derogar el decreto que establecía el tope del 50%. En este intento, el gobierno estima su aplicación para antes de que termine el año.