El plan del Gobierno contra el fraude en pensiones que tiene acorralado al sector de la discapacidad

El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la legislación sobre discapacidad, lo que generó una ola de rechazo entre las instituciones del sector. Referentes denuncian el cierre de centros de día por falta de recursos y advierten que la desregulación dejará sin atención a los más vulnerables.

En el marco de la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el ingreso al Senado del texto oficialista “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, los profesionales del área expresaron su preocupación en diálogo con Radiópolis (Radio 2). Sostuvieron que el desfinanciamiento ya muestra consecuencias concretas en la atención diaria y temen por el futuro del sistema de prestaciones básicas.

¿Qué propone la nueva ley?

“Conocimos un proyecto de ley que el Gobierno va a presentar en las cámaras que a lo que conduce es a la desregulación del sistema que nos ampara, que es el sistema de prestaciones básicas de la ley 24901”, explicó una de las directivas de las instituciones afectadas. Según detalló, esto perjudicaría severamente a quienes menos tienen: “Ese sistema que permite que todas las personas con discapacidad accedan a la prestación que necesitan, sin importar su condición económica y social, se terminaría, porque cada obra social, si es que la tienen, pagaría lo que se le ocurre”.

El impacto en las instituciones

La crisis económica y los retrasos en los pagos ya se cobraron el funcionamiento de distintos espacios vitales. En el último tiempo cerraron cuatro centros de día y el panorama es negativo, al punto que temen no poder seguir operando en estas condiciones de asfixia financiera.

“Que deje de existir un nomenclador nacional, como existe gracias al sistema, atenta contra la atención de las personas con discapacidad”, agregaron desde las entidades prestadoras. Si bien reconocieron que hubo un ajuste en los números oficiales, aseguraron que “ese aumento no cubre el retraso tremendo que sufrieron los aranceles”.

Frente a la incertidumbre, las autoridades plantean un escenario crítico para sostener las fuentes laborales. “No nos queda más que seguir en la pelea para que no se desintegren las instituciones que con mucho esfuerzo se han ido formando en la ciudad y que realmente nosotros nos planteamos, si nosotros tenemos que cerrar porque no tenés un presupuesto claro, porque no podés contratar gente si no sabés con cuánto dinero vas a contar, esto lo digo como directiva de instituciones. ¿Cómo hacés?”, lamentó la referente del área. Además, dejaron planteado un interrogante urgente para el Estado: “Si tenés que cerrar, ¿a dónde van a ser atendidas esas personas que atendemos?”.

DISCAPACIDAD: FAMILIARES Y PROFESIONALES VUELVEN A RECLAMAR ⚠️ Familias de personas con discapacidad manifestaron su preocupación por la situación actual y pidieron respuestas urgentes. “Estamos muy preocupados y tristes”, señalaron, y remarcaron las dificultades que enfrentan a… pic.twitter.com/rvAxDXI0AA— De12a14 (@De12a14) April 22, 2026

Familias sin cobertura de transporte

La falta de financiamiento no solo golpea a las instituciones, sino directamente a las familias. El impacto más notorio se dio en la logística diaria para que niños, niñas y adolescentes puedan asistir a sus terapias. “Las familias de las personas que tienen hijos con discapacidad ya no tienen prácticamente transporte porque los transportistas se han bajado todos”, precisaron. El motivo es netamente económico, ya que los montos que perciben los choferes no les alcanzan ni para mantener los vehículos. En ese marco, definieron la situación como “prácticamente acorralados”.