El plan del Gobierno para achicar el Estado: qué organismos están en la mira antes de 2027

El Gobierno nacional ya trabaja en una nueva revisión integral de la administración pública, con el objetivo de profundizar los recortes y reestructurar organismos antes de la campaña electoral de 2027. No hay una lista cerrada, pero en Balcarce 50 aseguran que la intención es ir por más.

“Se está trabajando. No está cerrado qué entra y qué no”, admiten en el Ejecutivo. La evaluación abarca, en principio, a los organismos alcanzados por los decretos delegados que el Congreso rechazó en 2025, pero también habría otras dependencias bajo la lupa.

¿Qué pasó con los decretos rechazados?

El antecedente inmediato incluye la disolución que se había dispuesto para Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. También se había ordenado la eliminación de la ARICCAME, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas, y la transformación del INTI, el INTA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Tras el rechazo parlamentario, el Ejecutivo debió restablecer las estructuras anteriores.

La diferencia con el proyecto anterior es que la nueva revisión no parte de un listado cerrado. Los equipos de Federico Sturzenegger analizan funciones, presupuesto, dotaciones, presencia territorial y superposición con provincias y municipios antes de decidir qué organismos entrarán. En Nación aseguran que el paquete no será una copia exacta de los decretos rechazados.

¿Cuántos empleados públicos ya se fueron?

El plan incluye continuar con la reducción de personal mediante la no renovación de contratos, retiros voluntarios, pases a disponibilidad y recortes en la planta permanente cuando haya procesos de reestructuración. Según el último informe oficial de Desregulación, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se eliminaron 71.029 puestos de trabajo en el sector público, equivalentes al 14,1% de la dotación, con un ahorro acumulado de US$2814 millones.

La baja fue mayor en la Administración Pública Nacional (APN) y en las empresas estatales: la APN redujo su personal un 20,1% y las empresas públicas un 21,5%. Dentro de la administración nacional, la caída fue del 11,3% en las áreas centralizadas y del 15,9% en las descentralizadas. Los contratos bajo la Ley Marco bajaron 26,4% y los convenios con monotributistas retrocedieron 48,6%, frente a una reducción del 15% en las plantas permanente y transitoria.

El informe del Indec publicado este jueves ubica la dotación total de junio en 271.696 personas: 184.202 en la APN y 87.494 en empresas y sociedades. La reducción interanual fue del 6,8% en la APN y del 4,5% en las compañías estatales. Solo durante junio, la plantilla total bajó alrededor del 0,6%.

¿Cuál es la meta para 2026?

El oficialismo se había fijado como objetivo reducir otro 10% de la dotación existente al comenzar 2026, lo que representaba cerca de 27.000 puestos sobre una planta próxima a 279.000 empleados. En el Gobierno no confirman si esa meta se cumplirá de manera uniforme, pero aseguran que seguirá siendo una referencia para ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas.

La instrucción genera resistencias dentro de la propia administración. En algunas carteras advierten que “no hay más margen para recortar” sin afectar funciones operativas, y piden que las próximas reducciones se concentren en organismos con estructuras duplicadas o en áreas con menor carga de trabajo. El Ejecutivo rechaza fijar un porcentaje idéntico para cada dependencia y asegura que la revisión será caso por caso.

¿Cómo impacta la situación fiscal?

La profundización del ajuste también está vinculada con las cuentas públicas. Junio cerró con un déficit primario de $696.843 millones y un resultado financiero negativo de $1,025 billones, aunque el primer semestre mantuvo un superávit primario cercano al 0,6% del PBI y uno financiero del 0,1%. Los ingresos mensuales crecieron 22,3% interanual y los gastos primarios 37,7%, en parte por la postergación de Ganancias y el pago de aguinaldos previsionales.

La recaudación tributaria de junio alcanzó los $20,017 billones y aumentó 23,7% nominal interanual. Ganancias avanzó solo 11,3% por el traslado de los vencimientos de personas humanas, mientras que los derechos de exportación cayeron 27,8% por las alícuotas más bajas y una elevada base de comparación. En el acumulado de enero a junio, los recursos tributarios sumaron $109,572 billones y subieron 25,9%.

En la Casa Rosada creen que el repunte de la actividad puede fortalecer el IVA, Ganancias y las contribuciones de la seguridad social, pero reconocen dudas sobre la velocidad de esa mejora y sobre el impacto de las futuras reducciones de impuestos. El Gobierno considera que una reforma tributaria que baje alícuotas o elimine gravámenes necesita un recorte paralelo del gasto para no poner en riesgo el equilibrio fiscal.

El FMI proyecta para 2026 un superávit primario nacional del 1,4% del PBI y estima que deberá aumentar gradualmente hasta alrededor de 2,25% en el mediano plazo por el crecimiento del pago de intereses. El organismo sostiene que el cumplimiento de la meta requiere continuar limitando salarios públicos, transferencias a empresas estatales, subsidios, compras de bienes y servicios y gastos de capital, al tiempo que se avanza con reformas tributarias, previsionales y fiscales.

¿Qué otros cambios se vienen?

La revisión no se limita a los organismos que quedaron truncos tras la caída de los decretos. En paralelo, el Ministerio de Desregulación trabaja en un amplio proyecto de cambios normativos que modifica competencias estatales, elimina regulaciones y redefine funciones en distintas áreas de la administración. El borrador incluye modificaciones que alcanzan organismos sectoriales y entes de regulación, junto con cambios en distintos regímenes administrativos y económicos, lo que en el oficialismo consideran parte del mismo proceso de reorganización del Estado.