El plan del Gobierno para derribar aviones hostiles que reaviva un viejo debate

El Gobierno ultima los detalles de un proyecto de ley que busca darle a las Fuerzas Armadas un marco legal más amplio para derribar aeronaves declaradas hostiles en el espacio aéreo argentino. La iniciativa, que forma parte de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciada por Javier Milei en la cadena nacional por Malvinas, llegaría al Congreso en los próximos días.

La reforma apunta a reforzar jurídicamente el procedimiento de protección aeroespacial, que hoy contempla distintas etapas para identificar, interceptar y ordenar el aterrizaje de vuelos irregulares. En el Ejecutivo buscan reducir las llamadas "zonas grises" que, según admiten en ámbitos militares, desalientan el uso de la fuerza como último recurso.

En las Fuerzas Armadas explican que el principal escollo no es la capacidad para detectar o seguir vuelos irregulares, sino el margen legal para avanzar hasta la instancia final del operativo. Los seguimientos se hacen con los medios de la Fuerza Aérea y, ante sospechas de actividades ilegales, se informa a las fuerzas federales en tierra.

Qué cambia respecto del marco actual

La normativa vigente ya contempla la identificación, la interceptación, las advertencias y la posibilidad de obligar a aterrizar a una aeronave irregular. El punto que el Gobierno quiere revisar es el último escalón: el empleo de fuerza letal contra vectores hostiles. Esa facultad estuvo en vigencia de manera permanente hasta marzo de 2023 y luego se habilitó solo para eventos específicos, como la Cumbre del Mercosur y el traspaso presidencial de ese año.

En esa segunda ocasión, la decisión final quedó en manos del Presidente de la Nación. La norma exigía confirmar el acto hostil, declarar la aeronave como tal y obtener la aprobación de la autoridad política antes de usar armamento para impedir que continuara el vuelo.

La reforma que prepara el Gobierno buscará revisar ese circuito y dar mayores garantías a quienes deban ejecutar una orden, según fuentes vinculadas a la elaboración del paquete. En ámbitos castrenses advierten que el temor a enfrentar consecuencias penales o administrativas opera hoy como un freno operativo.

Qué implica para la frontera norte

Esto no significa que cualquier avioneta que ingrese sin autorización vaya a ser derribada automáticamente. El esquema distingue entre una aeronave irregular y un vector hostil, y prevé una escalada de medidas que arranca con la identificación y las advertencias, dejando el uso de armas como última alternativa.

El tema cobra especial relevancia en la frontera norte y en la lucha contra el narcotráfico. En Defensa reconocen que es frecuente detectar y seguir un vuelo sospechoso, pasar la información a Gendarmería u otras fuerzas y después hallar la aeronave ya aterrizada, abandonada o incluso desarmada.

El Gobierno trabajó durante dos años en una reforma mucho más amplia de Seguridad Nacional, pero el diseño se recortó. En la versión que la Casa Rosada prepara para acompañar el paquete de Malvinas no estarán los cambios a la Ley de Seguridad Interior ni una ampliación general de la intervención militar en problemas de seguridad interna.

Queda afuera, por ahora, uno de los capítulos más sensibles que el Ejecutivo venía evaluando: ampliar la actuación de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico y otras organizaciones criminales dentro del territorio. El Gobierno ya modificó en 2024 la reglamentación de la Ley de Defensa para contemplar amenazas externas sin importar dónde se materialicen, pero no usará la nueva ley para extender ese criterio a la seguridad interior.

Tampoco formarán parte del proyecto los cambios en Inteligencia. En Nación consideran que no hace falta sumar esa discusión al expediente que irá al Congreso y mantienen la idea de avanzar por otro carril con la reforma de la SIDE, que incluye modificaciones en la estructura, la carrera de los agentes, la formación y la coordinación del sistema.

La separación marca un giro respecto de los primeros borradores de la Ley de Seguridad Nacional, que buscaban unificar en un mismo marco las reformas de Defensa, Seguridad e Inteligencia. El texto anunciado por Milei se concentrará en la protección de intereses estratégicos del Estado, la infraestructura crítica, la vigilancia aeroespacial y marítima, y las herramientas económicas y diplomáticas frente a amenazas externas.