El plan del Gobierno que combina tierra, agua y beneficios fiscales para atraer gigantes de la IA

Mientras el Congreso se prepara para debatir la reforma de la Ley de Tierras, un proyecto paralelo avanza silencioso y podría cambiar las reglas del juego para las megainversiones tecnológicas. La compra de inmuebles contaría como parte de los US$ 1.000 millones exigidos para acceder al Súper RIGI, un régimen que promete 30 años de beneficios fiscales y estabilidad regulatoria.

La iniciativa, impulsada por el gobierno libertario, incorpora a la "infraestructura tecnológica y digital estratégica" como actividad elegible y menciona a la inteligencia artificial como sector prioritario. La pregunta que surge es si esta combinación busca atraer proyectos intensivos en recursos naturales, como los mega data centers de IA.

El doble beneficio de comprar tierra

Para Pablo Serdán, abogado y docente de la UBA, la reforma modifica el rol de la tierra en las grandes inversiones. "La tierra es uno de los pocos activos que se valoriza con el tiempo sin hacer absolutamente nada. El beneficio es doble: los dejás comprarla y, además, esa compra se computa como inversión para ingresar al Súper RIGI", explicó a El Destape.

Así, el valor del suelo deja de ser solo el soporte físico del proyecto para convertirse en parte del capital de inversión, un cambio que podría incentivar la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Blindaje legal y "balcanización" del control

El Súper RIGI no solo ofrece beneficios impositivos. El artículo 74 garantiza 30 años de estabilidad normativa, fiscal y cambiaria, además de la "plena disponibilidad de sus activos e inversiones". Serdán advierte que, ante un conflicto, "no lo podemos resolver en Argentina. Lo tenemos que resolver en el CIADI. Ni siquiera lo podemos discutir con la Justicia nacional".

La reforma de la Ley de Tierras elimina el límite del 15% para extranjeros, deroga el tope de 1.000 hectáreas en zona núcleo, habilita la compra de predios con cuerpos de agua y suprime el Certificado de Habilitación. Según el letrado, esto produce una "balcanización" del control: el Estado nacional pierde supervisión y las provincias quedan en asimetría frente a las corporaciones.

El agua: el recurso invisible de la IA

Los data centers no solo consumen energía; también pueden necesitar grandes volúmenes de agua para refrigeración. La ley vigente (26.737) impedía a extranjeros comprar campos con cuerpos de agua, pero la reforma elimina esa restricción. Una fuente de la industria local explicó que el impacto depende del sistema: los de condensación por agua consumen de forma masiva, mientras que los de aire son circuitos cerrados.

Un antecedente es el proyecto de Google en Cerrillos, Chile, que preveía extraer 169 litros por segundo del acuífero Santiago Central. Las objeciones ambientales llevaron a la Justicia a revisar el proyecto y la empresa optó por enfriamiento por aire.

En Argentina, este debate se cruza con un régimen que otorga estabilidad por tres décadas y resolución internacional de disputas, lo que podría dejar al Estado en una posición delicada ante un conflicto por el agua.

La Patagonia: ¿el paraíso prometido?

El anuncio de Stargate Argentina, con OpenAI y Sur Energy, puso a la región en el mapa: un data center de hasta 500 MW y una inversión potencial de US$ 25.000 millones, aunque por ahora es solo una carta de intención. La industria advierte sobre las limitaciones: "Por debajo de Puerto Madryn, olvidate de poner cualquier cosa porque hay 'dos piolines'. Una línea simple que viaja hasta Río Gallegos", señalan fuentes del sector.

Provincias como Tierra del Fuego están aisladas del Sistema Argentino de Interconexión y dependen de generación propia, lo que dificulta proyectos de gran escala. Mientras el Gobierno promociona las ventajas naturales, los expertos son más cautos.

La disputa de fondo: territorio y soberanía digital

La industria local asegura que aún hay capacidad ociosa en los data centers existentes. "Hoy todos los data center que estamos acá tenemos cierta capacidad ociosa, y esa capacidad ociosa es la misma que se puso hace 20 años", sostienen. El desafío es transformar energía en capacidad de procesamiento.

La discusión no es solo si Argentina atraerá inversiones, sino qué lugar ocupará en la cadena de valor. El riesgo es aportar territorio y recursos mientras el valor tecnológico se genera afuera. Especialistas proponen negociar beneficios como reserva de capacidad de cómputo para el Estado y transferencia tecnológica.