El plan para que la Defensoría del Pueblo meta la cola en las deudas de los bonaerenses
Miles de familias bonaerenses ya no llegan a fin de mes y las deudas se les fueron de las manos. Ahora, un proyecto quiere que el Estado intervenga a favor del que no puede pagar. ¿Alcanza con negociar o hace falta más?
La Defensoría del Pueblo bonaerense podría convertirse en el escudo de las familias que ya no pueden pagar sus deudas. El diputado provincial Facundo Tignanelli y el defensor Guido Lorenzino presentaron dos iniciativas para frenar el ahogo financiero que golpea a miles de hogares en la Provincia.
El programa se llama “Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerenses” y apunta a que el Estado intervenga como mediador entre el vecino endeudado y los bancos, financieras o billeteras virtuales. La idea es que la negociación deje de ser una pulseada desigual.
La foto detrás de la morosidad récord
Según datos de la consultora Equilibra, la morosidad del crédito al sector privado se quintuplicó en apenas 18 meses: pasó del 2% en noviembre de 2024 al 9,7% en mayo de 2026. El golpe es más duro en las entidades no financieras, donde la morosidad trepó al 30,3%, contra el 7,6% de los bancos tradicionales.
El número de argentinos con deudas impagas también explotó: en dos años saltó de 2,4 a 5,8 millones de personas. Un crecimiento exponencial que, según Tignanelli, tiene una explicación clara: “No estamos hablando de que tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante”.
Cómo funcionaría el acompañamiento
El mecanismo es simple: el vecino se registra, carga los datos de su deuda y de sus acreedores, y la Defensoría toma el caso. Desde ahí, interviene para renegociar los términos del pago, con el respaldo de la Ley de Defensa del Consumidor.
“La idea es poner en una situación de igualdad el poder que tienen aquellos que quieren cobrar las deudas con el poder que tiene el Estado”, explicó Tignanelli. Lorenzino, por su parte, remarcó que apuntan a “ganar escala en la negociación colectiva” y a frenar “la mala fe de muchos acreedores”.
El servicio será gratuito y, si el proyecto se convierte en ley, la instancia prejudicial será obligatoria antes de que el conflicto termine en la Justicia. El otro proyecto, el “Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores”, busca prevenir y encauzar las situaciones de endeudamiento extremo, con condiciones de pago razonables y sostenibles.
