El plan para que los escapes ruidosos dejen de sonar en Santa Cruz

La Legislatura de Santa Cruz puso en agenda un proyecto de ley que apunta a controlar el ruido excesivo de motos y autos con escapes retirados, modificados o adulterados. La iniciativa fue presentada por la diputada Adriana Nieto, ingresó el 22 de septiembre como Proyecto de Ley 624/2026 y ya tomó estado parlamentario en la última sesión.

El texto apunta a los vehículos que circulen con escape libre, sin silenciador, adulterado, perforado, desconectado o modificado para superar el nivel sonoro previsto en su homologación. También alcanza a los sistemas preparados para generar a propósito explosiones, detonaciones o "petardeos".

Qué dice el proyecto sobre el origen del problema

En los fundamentos, la iniciativa sostiene que el problema no pasa por el tipo de vehículo sino por las condiciones en que circula. "El problema no reside en el uso de motocicletas o automóviles", plantea el proyecto, sino en su circulación "en condiciones que vulneran las normas de seguridad vial, homologación y protección ambiental".

Cómo se aplicaría el control

El proyecto propone que el Ministerio de Seguridad sea la autoridad de aplicación, a través del organismo competente en seguridad vial. Los agentes podrían hacer inspecciones visuales del sistema de escape, verificar la presencia y el estado del silenciador y detectar modificaciones evidentes.

Cuando haga falta determinar si un vehículo supera los niveles sonoros permitidos, la medición deberá hacerse con equipos técnicamente adecuados y debidamente calibrados.

La iniciativa contempla la retención preventiva del vehículo cuando se detecte escape libre, ausencia de silenciador o una modificación que afecte las condiciones reglamentarias vinculadas con la seguridad o la contaminación sonora.

Las sanciones se aplicarían dentro del régimen de infracciones de tránsito vigente en Santa Cruz. Para establecer su gravedad se considerarían factores como el nivel de ruido, la modificación deliberada del escape, la reincidencia y la afectación generada.

Talleres y comercios también quedarían alcanzados

El proyecto no limita las obligaciones a los conductores. También incorpora a talleres y comercios que fabriquen, instalen, modifiquen o comercialicen sistemas de escape.

La iniciativa establece que no podrán realizar modificaciones destinadas a eliminar o inutilizar los dispositivos de atenuación sonora ni generar niveles superiores a los permitidos. Además, propone prohibir la publicidad, promoción o comercialización de sistemas destinados específicamente a eliminar silenciadores o aumentar deliberadamente las emisiones sonoras cuando su utilización contravenga las normas vigentes.

De esta manera, el control alcanzaría no solamente al vehículo detectado en la vía pública, sino también al circuito comercial vinculado con determinadas modificaciones.

Denuncias vecinales y sonómetros

Otro de los puntos planteados es la creación de mecanismos para que los vecinos puedan denunciar la circulación reiterada de vehículos con escapes libres o manifiestamente adulterados. Las presentaciones deberán ser registradas, seguidas y derivadas de acuerdo con el procedimiento que establezca posteriormente la reglamentación.

A su vez, el Poder Ejecutivo deberá procurar incorporar progresivamente sonómetros y otros instrumentos de control, priorizando sectores de mayor circulación vehicular y lugares donde se registren denuncias reiteradas.

La autoridad de aplicación también deberá elaborar informes periódicos sobre los controles realizados, las infracciones detectadas, las sanciones aplicadas y la evolución de las denuncias.

La propuesta establece un piso de regulación para toda la provincia, pero mantiene las competencias municipales en materia de tránsito, ruidos molestos y convivencia urbana.