El plan para reabrir los gimnasios Exen quedó en la cuerda floja: qué dicen los empleados

La pulseada judicial por el futuro de los gimnasios Exen en el Gran Resistencia sumó un nuevo capítulo. La Fiscalía Federal emitió un dictamen en el que rechaza el plan presentado por los extrabajadores para reactivar tres sucursales de la cadena, aunque desde la defensa de los exempleados aseguran que la iniciativa sigue en pie y que la última palabra la tendrá la Justicia Federal.

El cortocircuito se desató cuando trascendió la postura del fiscal federal Patricio Sabadini, contrario al esquema operativo diseñado bajo la figura de un fideicomiso. Ese proyecto, volcado en un documento de más de 130 páginas, tenía un objetivo doble: recuperar los puestos de trabajo y volver a poner en funcionamiento los locales de Exen Illia, Santiago del Estero y Las Heras.

Los reparos de la defensa

Desde la querella y el sector que empuja la reapertura expresaron su malestar por cómo se conoció la resolución. El abogado patrocinante indicó que hasta ahora no recibieron una notificación formal y que solo accedieron a los argumentos que se difundieron a través de los medios.

La defensa también remarcó una serie de puntos que, a su entender, relativizan el alcance del dictamen:

- No es vinculante: sostienen que la opinión de la fiscalía es un parecer jurídico que no obliga al tribunal a la hora de resolver.

- Control y transparencia: el plan original contempla un esquema de administración claro, con supervisión judicial permanente y resguardo del inventario y las maquinarias.

- El deterioro de los bienes: advierten que mantener los equipos inactivos y bajo llave con el correr del tiempo solo acelera su desgaste y licúa el valor del patrimonio involucrado en la causa.

El trasfondo y lo que viene

La propuesta de los trabajadores buscaba habilitar una herramienta transitoria de actividad comercial y autogestión mientras avanza la investigación principal por presunto lavado de activos. El nudo del debate pasa por la viabilidad de explotar comercialmente bienes alcanzados por medidas cautelares dentro de expedientes penales complejos.

Con este panorama, la definición quedó formalmente en manos de la jueza federal Zunilda Niremperger, que deberá sopesar los argumentos del Ministerio Público Fiscal y el reclamo de los exempleados para proteger su fuente laboral.