El plan para silenciar los celulares en las cárceles de Corrientes que ya tiene luz verde

Un proyecto de ley busca que Corrientes adhiera al sistema nacional de detección y bloqueo de señales móviles en los penales. La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Ricardo Leconte (LLA), ya ingresó a la Cámara de Diputados con un guiño clave: preferencia para tratarla en el recinto dentro de dos sesiones.

El expediente, registrado bajo el Nº 20.336, tomó estado parlamentario el miércoles 26 de agosto, durante la última sesión desarrollada hasta el momento, y fue girado a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios. Ese cuerpo deberá dictaminar antes de que el texto llegue al recinto, donde ya corre con ventaja.

Qué propone el proyecto

La iniciativa apunta a que la Provincia se sume a la Resolución Nº 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial el 20 de abril, que autorizó la instalación de dispositivos para detectar y bloquear la Identidad Internacional de Equipo Móvil (Imei) y la Identidad Internacional del Suscriptor Móvil (Imsi) dentro de los penales. Con ese mecanismo, un teléfono no autorizado queda inhabilitado para conectarse a las redes de telecomunicaciones dentro de los perímetros restringidos.

Según el texto, el esquema permitiría concentrar la restricción en los sectores de alojamiento de internos sin afectar las comunicaciones del personal penitenciario ni las de los vecinos de zonas linderas a las unidades carcelarias.

De aprobarse, la ley facultaría al Poder Ejecutivo provincial y al Ministerio de Seguridad de Corrientes a firmar convenios con el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y las empresas de telecomunicaciones para poner en marcha el bloqueo mediante tecnología georreferenciada.

«Un instrumento delictivo de extrema gravedad»

En los fundamentos del expediente, Leconte sostuvo que un celular en manos de una persona privada de su libertad se convierte «con frecuencia, en un instrumento delictivo de extrema gravedad». El legislador libertario remarcó que desde el interior de los penales se coordinan extorsiones, intimidaciones y estafas, y que buena parte de esas maniobras se ejecutan bajo una «preocupante sensación de impunidad». Por eso, consideró que neutralizar la señal telefónica irregular dentro de las cárceles representa «un imperativo para salvaguardar la paz social».

El texto reconoce que la administración penitenciaria es una facultad propia de la autonomía provincial, no delegada al Gobierno nacional. Sin embargo, plantea que la lucha contra el crimen organizado exige una articulación estrecha entre la Nación y las provincias, y advierte que la falta de adhesión podría dejar a las cárceles correntinas como una zona vulnerable frente al delito complejo.

Sanciones y controles

El articulado prevé sanciones de cesantía o exoneración para los agentes del Servicio Penitenciario que faciliten, encubran o toleren el ingreso de celulares. Todo equipo secuestrado en zonas restringidas deberá ser remitido de inmediato a la Justicia para su análisis forense.

Además, cualquier visita que intente ingresar un dispositivo móvil, una tarjeta SIM o accesorios similares quedará automáticamente excluida del régimen de visitas, sin perjuicio de las causas penales que puedan corresponder. El proyecto también obliga a instalar cartelería visible en los accesos a los penales, con la advertencia sobre la prohibición y el funcionamiento del sistema de bloqueo.

El contexto nacional

La movida correntina se enmarca en una política que el Gobierno nacional profundizó en las últimas semanas. A la Resolución Nº 336/2026, que habilitó el sistema en el Servicio Penitenciario Federal, se sumó la Resolución 734/2026 del Enacom, que extendió el procedimiento a las cárceles provinciales, y la Resolución Nº 806/2026, que puso en marcha el Programa para la Detección y Bloqueo de Imei/Imsi en Establecimientos Penitenciarios.

La adhesión de cada jurisdicción es voluntaria y se formaliza mediante un convenio con la cartera nacional, que actúa como ventanilla única frente a las empresas de telefonía.

Quiénes deciden

La Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios, que deberá dictaminar sobre el expediente, está integrada por José Vassel como presidente, junto a Natalia Romero, Cecilia Gortari, Adriana Vidal Domínguez y Eliana Nazer. De ese cuerpo depende el primer paso formal antes de que la iniciativa llegue al recinto, donde ya cuenta con preferencia para su tratamiento dentro de las próximas dos sesiones ordinarias.