El plan que busca que las deudas no te dejen sin luz, gas ni agua

Una diputada de Santa Cruz presentó un proyecto para que las familias más vulnerables no pierdan los servicios básicos por falta de pago. La iniciativa ya entró a la Legislatura y promete cambiarle la vida a miles de hogares, pero todavía tiene un largo camino por delante.

Quedarse sin gas para calefaccionarse, sin electricidad o sin agua no es solo un problema económico: golpea de lleno la vida cotidiana. Por eso, la Legislatura de Santa Cruz comenzó a analizar una propuesta que apunta a acompañar a quienes no pueden afrontar el pago de los servicios.

El proyecto fue presentado por la diputada Elba Lorena Ponce, de Unión por la Patria, y tomó estado parlamentario el 10 de septiembre. En sus fundamentos, la legisladora advierte sobre la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades que atraviesan las familias para sostener sus gastos básicos.

La iniciativa combina la continuidad del suministro con facilidades para regularizar las facturas pendientes. Eso sí: todavía es un proyecto. La protección propuesta no se encuentra vigente por esta presentación.

¿A quiénes alcanzaría?

El texto plantea prohibir los cortes de luz, gas natural y agua potable por falta de pago a usuarios en situación de vulnerabilidad hasta el 31 de diciembre de 2027, desde la entrada en vigencia de la eventual ley. También impediría retirar conexiones o medidores por esas deudas.

Según la información publicada por Ahora Calafate, entre los grupos contemplados figuran:

- Jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos y hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos.
- Personas que reciben programas sociales o tarifa social.
- Personas con discapacidad, electrodependientes y personas con enfermedades crónicas.
- Familias con niños o adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

También contempla comedores, merenderos, centros de jubilados, clubes de barrio y otras entidades sin fines de lucro, además de habitantes de comunidades rurales y zonas aisladas con dificultades especiales para mantener los servicios.

El acceso podría tramitarse mediante una declaración jurada, de manera presencial o digital y sin costo.

¿Cómo se pagarían las deudas?

La propuesta no elimina las deudas ni la obligación de pagar. Establece que las prestadoras deberían ofrecer planes de al menos 12 meses, con un anticipo máximo del 10% de lo adeudado.

Las cuotas no podrían superar el 20% de la factura de mayor valor correspondiente al consumo habitual del usuario. Durante el período de protección se suspenderían los intereses compensatorios y punitorios, y no se permitiría capitalizarlos sobre las deudas comprendidas.

Para quienes ya tengan el suministro interrumpido, prevé la reconexión dentro de las 48 horas de acreditar la condición de beneficiario o suscribir el plan de regularización, sin cargos de reconexión, habilitación ni supervisión.

El proyecto deberá pasar por siete comisiones legislativas. Su aprobación sería el paso necesario para avanzar hacia un régimen que permita a las familias ordenar sus deudas sin perder el acceso a servicios básicos.