El plan que preocupa a los corredores de San Rafael: ¿adiós a la matrícula inmobiliaria?

La noticia sacudió al sector: el Gobierno nacional impulsa una desregulación que podría eliminar la matrícula obligatoria para los corredores inmobiliarios. En San Rafael, los profesionales ya hablan de un riesgo concreto de estafas y mala praxis.

La propuesta, que todavía se encuentra en debate, busca modificar las reglas de juego para ejercer el corretaje. Entre los puntos más controvertidos se destaca la eliminación del título universitario y la matrícula como requisitos para intermediar en operaciones de compra, venta o alquiler.

¿Qué implica la desregulación?

El plan del Gobierno contempla que la colegiación pase a ser voluntaria, permitir el ingreso de empresas y plataformas digitales, eliminar restricciones geográficas y liberar la negociación de honorarios. Desde el Ejecutivo sostienen que esto aumentará la competencia y reducirá costos, pero los corredores mendocinos no lo ven tan claro.

Jorge Altamirano, vicepresidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, fue contundente: "Una desregulación fomentaría todo lo que son las estafas sobre los bienes patrimoniales". Según explicó, sin una entidad de control, los damnificados perderían una instancia directa para denunciar irregularidades.

El rol de la matrícula

Hoy, la actividad está regulada por la Ley provincial 7.372, que exige la inscripción previa en la matrícula para trabajar legalmente. La entidad tiene facultades para controlar a los profesionales, recibir denuncias y sancionar el ejercicio ilegal.

Silvio Gigli, presidente de la institución, remarcó que la regulación aporta seguridad jurídica y transparencia. Además, la matrícula permite identificar al responsable de cada operación y ofrece un respaldo ante posibles malas prácticas.

Fraudes que encienden las alarmas

La preocupación no es abstracta. En julio, la Cámara Inmobiliaria de Mendoza detectó tres presuntos intentos de estafa. Uno de ellos involucraba un boleto de compraventa fechado en 1994 para un terreno que, en ese entonces, ni siquiera existía como loteo. La maniobra fue descubierta gracias a que la potencial compradora consultó a profesionales antes de entregar el dinero.

¿Qué viene ahora?

Ante este escenario, las entidades del sector analizan recurrir a la Justicia si la propuesta avanza. Aseguran que no se oponen al ingreso de nuevos actores, pero exigen que exista un profesional responsable en cada operación.

Además, cuestionan que la desregulación no resolverá el problema del acceso a la vivienda. Señalan que la falta de crédito hipotecario, los impuestos y la inflación son los verdaderos obstáculos. En San Rafael, los corredores insisten: sin capacitación ni certificación, la informalidad crecerá y los ahorros de las familias quedarán en riesgo.